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La muerte de Luciana Rodríguez, la niña de tres años que habría sido asesinada por su madre y su padrastro, es un triste recordatorio de las falencias del Estado mendocino. Las múltiples denuncias sobre la situación sin resultado alguno no son más que prueba de la negligencia estatal.
Los números, fríos, son útiles para comprender lo que pasa. Tenemos una Administración pública que no para de crecer: desde el 2003 hasta hoy, la provincia ha incrementado su plantel de empleados de manera sostenida, a razón de un 3% anual -según la consultora NOAnomics- sin perjuicio de un freno en el último año.
Sin embargo, son pocos los que perciben que el Estado provincial preste más o mejores servicios.
Al contrario, la realidad muestra un Estado bobo, que pretende inmiscuirse en lo que no hace falta -traer a AC/DC a Mendoza-mientras falla burdamente en sus cometidos esenciales -por ejemplo, en evitar que una niña de 3 años en situación de riesgo comprobada muera asesinada- o en prevenir los más de 130 homicidios ocurridos en la provincia durante 2013.
En este embrollo, que no es nuevo, una especial responsabilidad cabe a los gobernadores -y a los partidos que los respaldan, pues nadie gobierna solo- por dos motivos.
En primer término, los gobernadores tienen en buena medida el peso de la iniciativa política propia del liderazgo que da el rol ejecutivo.
En segundo lugar, el gobernador es el jefe de la administración pública. Y, ciertamente, no conviene desestimar el peso de la Administración en el problema. Actualmente, todo, o casi todo, pasa por ahí. Hospitales públicos, policía, escuelas, registros... La lista sería interminable. Para bien o para mal, como dijera un profesor español, nos cruzamos con la administración pública desde la cuna hasta la sepultura.
Hecho el diagnóstico, la pregunta que se impone es qué hacer. ¿Cómo salir del problema? Creo que el actual puede ser un buen punto de inflexión para tomar una medida estratégica que ayude a evitar que sucesos así se repitan: el ingreso a la administración pública por concurso.
Los beneficios serán notables.
En primer lugar, entrarán agentes idóneos y con vocación de servicio, capaces de prevenir situaciones como ésta.
Segundo, el concurso permitirá un real respeto de la igualdad en el acceso a los empleos públicos. Ya no se entrará por afinidad política sino por mérito.
Hay un tercer beneficio a considerar: el empleado público que ingrese por concurso y cuente con estabilidad no estará atado a criterios políticos que limiten su libertad de obrar según lo que corresponda.
Una reflexión final. Estamos siempre hablando de derechos. Ahora bien, estos derechos necesitan su consagración escrita, pero también su puesta en práctica. Requieren no tanto de su grandilocuente proclamación como del oculto trabajo de todos los días.
El real y efectivo respeto de los derechos pide más costumbrismo y menos épica. En efecto, si la Dinaf hubiera hecho bien su trabajo -el de todos los días- no estaríamos lamentando la muerte de una niña de tres años.
La renuncia de funcionarios es pertinente como gesto, pero insuficiente como política pública. Las políticas públicas que ayudan a prevenir casos como el de Luciana necesitan de empleados estatales idóneos, que hayan ingresado por mérito.
La reforma de la Administración pública es, en la práctica, mucho más importante que la reforma constitucional. Tal vez brille menos, pero Paco Pérez quedará en la historia si se anima a encararla y la consigue.