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“¿Por qué intentar un cambio acelerado de la Ley 7.722, cuando todo cambio socio-económico regional tiene que nacer del amplio debate público en torno a su conveniencia? La minería es sólo una de las actividades posibles en nuestra provincia, para la cual es necesario consensuar qué tipo e intensidad de minería estamos dispuestos a avalar.
¿Cuáles son los mecanismos para decidir, específicamente, dónde y cómo se podrán instalar proyectos mineros? ¿Cómo se efectuará el control de esta actividad y el seguimiento de los planes de cierre y de los posibles impactos ambientales? Un elemento central a considerar, sobre todo en la parte alta de nuestras cuencas hídricas, son los riesgos potenciales de las actividades que se propone autorizar.
¿Es necesario autorizar actividades extractivas de alto riesgo e impacto ambiental en ambientes donde se genera el agua que consumimos los mendocinos? La modificación de la 7.722 no responde claramente a estos interrogantes centrales. Por otro lado, la (anterior) norma genera un marco precautorio que brinda tranquilidad social mientras se discute profundamente nuestra estrategia de desarrollo. En la cordillera, donde se acumulan y generan los recursos hídricos de los que depende la provincia, sería imprescindible prevenir el deterioro ambiental, así como el riesgo potencial de contaminación con sustancias tóxicas”.