Ayer un grupo de pequeños productores de la zona Este se manifestaron pidiendo soluciones ante problemas graves que se les están presentando desde hace mucho, pero que ahora se ven agravados.
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Ayer un grupo de pequeños productores de la zona Este se manifestaron pidiendo soluciones ante problemas graves que se les están presentando desde hace mucho, pero que ahora se ven agravados.
El Gobierno provincial no tiene muchas armas. Lanzó un fideicomiso para comprar vinos pero los precios ofrecidos no satisfacen a los productores. Desde el Gobierno saben que han ofrecido precios superiores a los del mercado y que, si suben mucho el precio, no lo podrán vender.
Contra toda la lógica, el anuncio de un pronóstico con menor producción que, seguramente, será más amplia cuando se conozca la prospección definitiva, no consiguió mejorar los precios en un mercado que se mantiene, pero no muestra dinamismo como para estimular los valores. Las perspectivas de un año de escaso crecimiento de la economía también conspiran para evitar una mejora en los precios.
Lamentablemente, los productores tienen razón, sin entrar a analizar los precios que solicitan. Pero también el Gobierno la tiene. Comprometido financieramente como está, no puede avanzar más ya que perdería mucha plata en algo que no tiene sentido. Están apretados por las pinzas de la inflación.
El proceso de inflación les fue aumentando los costos de producción pero, a la hora de comercializar, se encuentran con que no pueden aumentar los precios ya que, en caso de hacerlo, dejarían margen para que los consumidores se pasen a bebidas sustitutas, donde los amargos y las aguas saborizadas están a la cabeza.
Los cooperativistas lo saben bien. A la hora de vender, deben asumir costos mayores de insumos secos y, próximamente, aumentos salariales. Si aumentan precios, corren el peligro de perder mercado. Ya pasó en 2009 cuando, por un faltante de vinos, se incrementaron los precios y las ventas cayeron en forma significativa. Aún no se recupera el consumo per cápita de ese año.
Ambos grupos están entrampados por la inflación. Ésta hizo subir los costos internos pero generó una devaluación de la moneda que impactó sobre los insumos importados. El poder adquisitivo de los salarios está resentido y los consumidores no tienen capacidad de respuesta. Además, el vino no es producto de primera necesidad.
El problema es que muchos de los pedidos de los productores dependen de decisiones de la Nación. El Gobierno provincial jamás reconocerá públicamente esto y deberá asumir una crisis que no provocó pero tampoco puede solucionar.
Ambos están entrampados por la inflación y sus consecuencias, pero mientras unos atacan al culpable equivocado, el atacado se enoja pero no dice nada. El verdadero culpable sigue creyendo que esta crisis la causan los grupos concentrados que quieren desestabilizar.
Una pelea de sordos en la que nadie quiere sentarse a una mesa para planificar una petición concreta al responsable. Lo que no pueden hacer es convencer a los consumidores. En épocas de crisis, los clientes se vuelven cada vez más desleales.