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El gobierno nacional está muy preocupado. En los planes previos, 2013 era el año indicado para recomponer el stock de reservas ya que los vencimientos de deuda eran cercanos a 5.000 millones de dólares mientras que se calculaba obtener un superávit comercial superior a los 10.000 millones por efecto de la mejor cosecha de soja y los mejores precios internacionales.
De hecho, las liquidaciones de exportaciones, solo por ventas de granos, ya superan los 9.300 millones de dólares en lo que va del año, pero solo queda junio como mes de altos ingresos. Sin embargo, en estos primeros cinco meses de 2013 las reservas del BCRA, lejos de crecer han caído 4.700 millones de dólares, casi 1.000 millones mensuales, con pagos por la mitad de las obligaciones.
Lo que está produciendo este desfasaje es el crecimiento de las importaciones de energía, en todas sus formas. En este caso el problema es doble, ya que se gastan dólares en importar energía a precio internacional, la cual luego se vende subsidiada en el mercado interno, generando caída de reservas y déficit fiscal.
Lo cierto es que entre las importaciones de gas, electricidad y combustibles, el drenaje de reservas es cada vez mayor. Esta situación se agravó con los problemas que tuvo YPF en la refinería de La Plata a raíz de las fuertes lluvias a principios de abril, que no le permiten operar a pleno, mientras crece la venta de autos nuevos y la demanda de naftas.
Hasta ahora el clima ha sido benévolo y la llegada del frío se ha demorado, lo que no ha presionado sobre la demanda de gas, pero no todo es cuestión de suerte. En esto se requiere planificación seria y no voluntarista, como ha ocurrido hasta ahora.
Los problemas del petróleo
La actividad petrolera comenzó un proceso de declinación desde el momento en que la Nación dispuso congelar el precio del petróleo crudo y lo mantuvo desactualizado hasta la fecha. El problema es que con el aumento del precio internacional también aumentaron los precios de los insumos, y para muchas empresas la producción en Argentina dejó de ser atractiva.
La primera consecuencia fue una caída en la inversión que generó una caída en la producción. La falta de inversión se notó en la caída de producción de los pozos existentes y en la falta de inversión para exploración de nuevos yacimientos que permitieran ampliar las áreas en explotación.
Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la caída de la producción ha sido constante desde 1999 a la fecha. Así, pasamos desde aquel año de una producción de 45,6 millones de metros cúbicos a 32 millones en 2012, casi un 30% menos de producción. En los primeros tres meses de 2013, la disminución respecto del mismo período de 2012 es de un 10%, lo que confirma los temores por una aceleración de la caída de la producción.
El año pasado, en ocasión de la estatización del 51% de las acciones de YPF, se dictó una ley llamada de “soberanía hidrocarburífera”, que plantea el objetivo de recuperar la inversión y aumentar la producción, algo que hasta ahora no se ha conseguido.
En principio, YPF tenía menos plata y más deudas de las que el gobierno calculaba. Además, previo al cambio accionario, ya había sufrido una rebaja en su calificación de riesgo por las consecuencias de la política energética aplicada en nuestro país que no le permitía obtener el precio internacional por su producción.
Por estas razones el jueves último se firmó un nuevo convenio entre la Nación y las provincias productoras por el cual éstas se “comprometen a ayudar a cumplir los objetivos de la ley de soberanía hidrocarburífera”.
Este convenio, compromete a los gobernadores a presionar a las empresas concesionarias de áreas de explotación para que hagan las inversiones necesarias para aumentar la producción, para lo cual se han fijado metas periódicas a revisar en forma permanente por cada cuenca y cada provincia.
Para ser más claros, la Nación está apretando a los gobernadores para que ejerzan, como es debido, su obligación de supervisar los compromisos de inversión asumidos por las empresas, sobre todo en aquellas provincias en las que se han renovado las concesiones con compromiso de inversión.
En verdad, es lamentable que desde la Nación tengan que presionar a los gobernadores para hacer lo que es su obligación, mientras estos no cumplen con el mínimo de pedirle a la Nación que aumente los precios de producción, que les hace perder mucha plata a las provincias.
En la firma de ese convenio, el ministro De Vido dijo que Argentina solo importa el 8% de lo que consume, mientras otros países como Chile o Brasil importan mucho más.
En eso el ministro tiene razón, aunque, como siempre, se salteó un dato muy importante. Estos países, que importan más, venden todo, lo propio y lo importado, a precio internacional y sin subsidios.
El problema de Mendoza
Mendoza también atraviesa por un período de declinación de su producción que viene de larga data. Mientras en 2002 en Mendoza se producían 6,8 millones de metros cúbicos anuales, en 2012 la producción solo llegó a 4,7 millones de metros cúbicos. Esto significa la pérdida de un 30% de producción en 10 años. Los tres primeros meses de 2013 comparados con el primer trimestre de 2012 ya registran una caída del 5%.
Mendoza fue la primera provincia en licitar áreas revertidas y áreas secundarias, y de todas es casi la única donde no se ha podido poner en marcha ningún yacimiento. Demoras burocráticas y administrativas han demorado los procesos, sumados a picardías de empresarios que ganaron licitaciones para luego vender las concesiones sin haber puesto un centavo.
Lo real es que la producción retrocede y ahora se suspendió una nueva licitación de áreas secundarias con la idea de dárselas a YPF. En realidad, mientras esperan no se sabe si la petrolera cumplió con sus obligaciones de inversión en las áreas que ya tiene concesionadas, pero mientras tanto la provincia sigue perdiendo por menor producción y por precios caprichosos.
Sería bueno, ya que se lo ordenó la Nación, que el gobernador informara a todos los mendocinos el estado de las concesiones que se renovaron durante su gestión como ministro de Infraestructura, que contenían compromisos de inversión, para ver si los mismos se cumplieron.
La Nación tiene su parte de responsabilidad, pero la provincia también tiene el suyo y claramente no ha cumplido eficazmente su rol como dueño y concedente de las áreas petroleras, ni ha ejercido el poder de policía respecto de las obligaciones de las empresas. Menos mal que la Nación, violando el federalismo, le ha dado la orden y, dado su origen, la cumplirá a rajatabla.
