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Como si cada emergencia lo desafiara a poner a prueba su capacidad de reacción, pero siempre haciéndose cargo de la resolución del problema; con avances, aciertos y errores, y hasta medidas contradictorias; nunca con un reconocimiento público de la cuota de responsabilidad que le cupo en la generación del/los problema/s en cuestión. Parido, precisamente, por la mayor emergencia en la historia del país, el kirchnerismo ha dado sobradas pruebas de que esta manera de gobernar es su ADN.
Una metáfora de ello: "No sé cómo habrá salido, pero intentar lo intenté", dijo la Presidenta en febrero pasado, tras desear, en mandarín, un feliz año nuevo chino. Nunca, en sus diez años de gobierno, los Kirchner dieron saludos de fin de año, salvo en 2010, el de la muerte del ex presidente. También ha sido habitual en ellos, compártase o no, tomar distancia física y discursiva ante hechos graves, coincidentes (Cromañón en 2004) o no (Once en febrero de 2012) con un fin de año.
¿Por qué enrostrarle entonces a la Presidenta su ausencia en los últimos días de 2013, signados por los cortes de luz y los piquetes en el área metropolitana? O su ausencia de la escena política a la que volvería este miércoles, con un acto en la Casa Rosada, después de una quincena de vacaciones en el sur, posteriores al alta médico definitivo tras su cirugía de cráneo en octubre.
¿Cristina Fernández pudo haber estado ausente del escenario para prevenirse del costo político? Ingenua interpretación: sin su visto bueno no pudieron haberse tomado las decisiones de graduales ajustes económicos adoptados desde la llegada de la dupla Jorge Capitanich-Axel Kicillof. Las medidas denotan que su preocupación central es que la inflación no se desboque a niveles venezolanos, pero sí que se sostenga al punto de ser un elemento dinamizador del mercado interno y, con ello, de crecimiento de la economía.
Desde el conjunto de la oposición se las cuestiona por no ser parte de un plan integral contra la inflación, como aquellos que se anunciaban en otras épocas y con todas las formas de tal, ante también el mismo y otros problemas económicos. No hay que esperar eso de un gobierno que, fiel a su ADN, toma nota, elude la autocrítica pública y decide.
El caso de los cortes de electricidad en el área metropolitana es ilustrativo en ese sentido. Nadie tiene dudas, ni dentro del Gobierno, que éste tiene responsabilidad por no ejercer el control del Estado sobre los compromisos de inversión de las distribuidoras. Pero tampoco las hay en que es a Edenor y Edesur a las que les cabe el sayo mayor por no invertir, por priorizar ganancias por sobre sus compromisos como concesionarias, por embolsar subsidios, por jugar al borde del colapso con su capacidad instalada.
Superada la emergencia, el Gobierno descartó un tarifazo como el que habrían buscado las distribuidoras, y les recordó la capacidad de acción del Estado. Las distribuidoras, incluso la vinculada a un grupo empresario que prosperó en la última década, tendrán que hacerse cargo de los resarcimientos a los usuarios y del pago duplicado de las multas por los cortes de 2011. Además, afrontar revisiones sobre el incumplimiento de sus compromisos de inversión, bajo la advertencia de que el Estado les quitará la concesión.
Esas medidas, como otras, son, en apariencia, aisladas, inconexas, y por tanto condenadas al fracaso. Hágase, sin embargo, un sobrevuelo y podrá comprobarse que si los riesgos de una inflación desbocada son consecuencia de desajustes del conjunto de las variables de la economía, estos son abordados en todos los frentes por las últimas decisiones del Gobierno.
Desde la reducción gradual de la diferencia entre los dólares oficial y paralelo y el compromiso de una menor emisión monetaria, hasta la eliminación de subsidios (electricidad y transporte), pasando por acuerdos de precios con supermercados y -esta vez, a diferencia del plan de Guillermo Moreno- con proveedores, revisables dentro de tres meses; un plazo igual al que se adoptó para oxigenar a las provincias con la refinanciación de sus deudas.
El objetivo es encauzar las aguas hacia abril. La prioridad es aquietar la previsible turbulencia mayor: las paritarias. El Gobierno pretende que los aumentos salariales ronden 20%, la UIA quiere ir por debajo (18%) y los sindicatos, por encima (mínimo 30%). Los salariazos conseguidos por policías provinciales calientan las paritarias, pero el Gobierno empezó a desconocerlos vía judicial, como en el Chaco y Entre Ríos: hubo sedición de los policías para conseguirlos, dictaminó el fiscal federal ad hoc.
Las medidas están en marcha, los resultados se verán en la cancha.