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El fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura terminó por darle al Gobierno el leit motiv de una campaña electoral que dificultosamente podría haber sustentado sólo en los resultados redistributivos de una política de la economía que hoy está lejos de las tasas chinas de crecimiento, como lo estuvieron en anteriores antesalas comiciales de la última década.
Controlada a partir de un acuerdo de precios de dudosa eficiencia, la inflación, aunque menos, no deja de golpear. El efecto del blanqueo de capitales está por verse: de su magnitud dependerá el efecto directo sobre la dinamización del mercado interno, y ello recién sería hacia el último trimestre del año. Sin contar, todo eso, con problemas de fondo que fueron agravándose, como el déficit en el sector energético a partir de una política errática, cortoplacista, que con vientos en contra intenta revertirse desde la reestatización de YPF.
Ninguna estrella en el firmamento económico del Gobierno como para alumbrarse el camino electoral. Salvo los reconocibles logros pasados de los últimos diez años, sintetizables en una incuestionable inclusión social, que hasta reconoció un reciente informe del Banco Mundial, dando cuenta del ascenso, inestable aún, de sectores pobres a clase media en América Latina, la Argentina incluida.
Panorama insuficiente, por sí sólo, para ganar con la contundencia necesaria una elección de la que, como dice la oposición y el Gobierno reconoce a diario en la entrelínea y en sus hechos, depende el final o la consecución de una época -no necesariamente de políticas, aunque alguna oposición desaprovecha definirse al respecto- en la que la política y el Estado volvieron a ocupar -aun con desmesuras, excesos, sobreactuaciones, victimizaciones, puestas en escena, juegos forzando al límite la legalidad, a las que ha recurrido el kirchnerismo y en particular la Presidenta- el lugar que sólo en esporádicos momentos desde 1983, y aun de la historia argentina, ocupó.
La insuficiencia del combustible económico vino a suplirla el combustible político-institucional del fallo de la Corte. Los hechos confirman que la estrategia de instalar en la agenda la "democratización" del Poder Judicial a partir de un paquete de leyes que fueron aprobadas en poco más de un mes que siguió al mensaje de la Presidenta ante el Congreso el 1 de marzo, fue concebida con ese propósito. Nada que perder, todo para ganar, era la hipótesis.
Si improbablemente la Corte validaba su constitucionalidad, la Presidenta habría tenido servida la carta para nacionalizar, con la elección de consejeros por distrito único, los resultados de una elección legislativa en la que por distritos, sobre todo los principales, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, son más las adversidades.
También, en ese caso, habría podido exhibirlo como una victoria más del "modelo" en su afán por "democratizar" la vida institucional; esta vez con el Judicial, el único blindado de los tres poderes, admítase o no, a cualquier tipo de cambio, no sólo en estos 30 años de democracia (permítase la digresión sobre dos afirmaciones celebratorias del fallo de la Corte, que ilustran el espíritu que anima a los judiciales, seguramente no a todos.
Una, de desprecio a la política: "Ahora a las listas -de consejeros- se las van a tener que meter en el culo", les espetó a los opositores el titular del Colegio de Abogados porteño, Jorge Rizzo, demandante en la causa sobre la que falló la Corte; ningún opositor acusó recibo. Otra, la del representante de los abogados en el Consejo, Alejandro Fargossi, que sugirió que los legisladores que votaron la ley deberían preocuparse porque "quizá cometieron un delito").
Pero si la Corte decidía como decidió, por la inconstitucionalidad, también ganaba, y a dos puntas. Por un lado, para instalar en la sociedad el debate sobre un tema tabú (la reforma del Poder Judicial) que, a partir de ahora, no podrá ser el mismo: ese poder quedará expuesto a autoreformarse, si eso es posible; o a ser reformado.
"Será más temprano que tarde", dijo la Presidenta el miércoles desde Córdoba, al convocar a prepararse para esa "próxima batalla". Y, por otro, para levantar a la reforma judicial como la bandera mayor de la campaña electoral, no sólo para templar los ánimos de sus seguidores, sino también de los que han sido favorecidos por el "modelo" de inclusión, alejados de las cuestiones institucionales, a los que buscó involucrarlos con la cuestión, cuando en Rosario vinculó los problemas de la seguridad (narcotráfico, trata de personas, violencia) con los déficits en el modelo de la administración de Justicia.
El guante que le lanzó el fallo de la Corte en uno de sus fundamentos también fue recogido por la Presidenta. Si quiere cambiar la Constitución, hay que reformarla, le dijo la Corte. Y ella tomó y redobló el desafío en sus discursos cordobés y rosarino.
La apuesta está planteada: "Generar una campaña que sirva para acumular la mayor cantidad de votos posibles a legisladores de absoluta lealtad", dijo a este diario un senador ultrakirchnerista que irá por la reelección. "La oportunidad (de la reforma constitucional) la decidirá la Presidenta".
Que ese escenario ideal para el Gobierno pueda ser realidad, dependerá de cómo haya quedado definido en las últimas horas el armado electoral en la provincia de Buenos Aires.
