En una mezcla de humor irónico y desprejuiciado qué me importa, varios de los más notables legisladores del kirchnerismo han incorporado a sus diálogos internos en el Congreso una curiosa variante de aquella frase motivadora para los cuadros militares que dice "Subordinación y valor, para servir a la Patria". Dentro de las oficinas y en los pasillos del bloque oficialista del Senado, sus miembros comenzaron a proclamar en conversaciones y saludos "Resignación y valor, para servir a la causa".
Esta no sería más que una anécdota pequeña si detrás de la ironía la diferencia entre las palabras "subordinación" y "resignación" no expresara el grado de cansancio y desánimo que afecta a muchos de esos senadores, incluido nada menos que el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto.
Los trámites seguidos por la ley de Abastecimiento y la de Pago Soberano de la deuda reestructurada, agregaron por acumulación un importante desgaste político al bloque, aunque lo más difícil de digerir fue sin dudas una nueva defensa del vicepresidente Amado Boudou, procesado por corrupción y puesto por orden de la Casa Rosada a conducir la sesión.
Ante la avalancha de críticas y referencias personales de la oposición, que Boudou soportó con rostro imperturbable, fue notorio que solamente miembros de la segunda y tercera líneas del bloque oficialista hablaran para apoyarlo. "Esta vez jugaron los cuatro de copas", definió con mordacidad un cronista parlamentario.
El agotamiento que exhiben las principales espadas kirchneristas no se limita al hecho de tener que soportar, a veces con niveles de humillación personal, las órdenes y contraórdenes que les llegan. Como cada uno de ellos tiene algo que jugar políticamente en sus territorios, tampoco nadie quiere quedar pegado a los desmanejos oficiales de la crisis económica ni a la progresiva debilidad que introduce el fin de ciclo.
La cerrada oposición de los empresarios a la ley de Abastecimiento, por ejemplo, es también producto de las quejas recogidas en las economías regionales, donde los senadores tienen sus bases electorales. "Yo puedo y quiero ser obediente con la Presidenta, pero tengo que volver a mi provincia y dar la cara ante los que me votaron. Cada vez es más difícil", sostiene un senador con dos períodos en el Congreso.
La estrategia oficial frente a la crisis de la deuda, que Cristina Fernández ha tomado como una oportunidad para revalidar consignas ideológicas y mostrarse al mundo liderando rebeldías, va dejando dogmatismos en el camino. La incorporación de Francia como domicilio de pago a los bonistas que debían cobrar en Estados Unidos, fue una concesión a Sergio Massa, cuyos economistas están encabezados por Roberto Lavagna. El objetivo político que finalmente aceptó Cristina, fue aprovechar la idea del massismo y a la vez no aumentar la confrontación.
Sin embargo, esa confrontación que propone el oficialismo se expresa en otros terrenos, en este caso el de las palabras. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sorprende a diario con conceptos que terminan siendo altamente provocativos. El miércoles, en la sesión de Diputados, afirmó casi sin límites para el ridículo que el Gobierno "prácticamente ha erradicado los niveles de pobreza e indigencia en el país". Como contraste, la inflación, el temor a perder el empleo, la caída del consumo, la recesión, el deterioro del salario, y el alza del dólar, entre otros, son tópicos ausentes en el relato oficial.
A sus marcas
Tanto el Gobierno como la oposición ya están listos para iniciar otra batalla política concentrada en la Justicia, un ámbito que siempre ha sido conflictivo para el kirchnerismo. El próximo martes comienza el calendario de elecciones en las entidades con representación en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la administración del poder judicial y facultado para proponer nuevos jueces y también destituirlos. Abogados, jueces, académicos, legisladores y el propio gobierno enviarán sus delegados para conformar el 16 de noviembre la nueva conducción.
En las evaluaciones previas de los especialistas no se anticipan grandes diferencias con la actual integración, sino nuevos matices que prolongarían la discusión permanente. Desde que la Corte Suprema impidió la promulgación de la llamada ley de Democratización de la Justicia propuesta por el gobierno para controlar el Consejo, las decisiones se siguen tomando no por simple mayoría de votos sino con los dos tercios del total de los miembros, lo que garantiza ciertos equilibrios.
De todos modos, el kirchnerismo tradicional, La Cámpora y la agrupación oficialista Justicia Legítima, están dispuestos a dar pelea en cada sector, contando con el siempre generoso e interesado apoyo de la Casa Rosada.