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La Secretaría de Servicios Públicos que dirige Natalio Mema ya trabaja en la reglamentación de la ley que el martes pasado aprobó el Senado. A doce años de su creación formal y tras una orden de la Suprema Corte dispuso finalmente la puesta en funcionamiento del Ente Regulador del Transporte.
El nuevo organismo se denominará Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) y se encargará del control y la fiscalización del transporte de pasajeros en todas sus formas: colectivos, taxis, remises.
Estará dotado de autarquía funcional y financiera y dejará de depender funcionalmente del Ejecutivo, aunque será el Gobernador quien proponga al Senado el nombre de su presidente y de los dos directores que lo acompañen. En estos últimos casos será a partir de dos ternas que surgirán de concursos públicos. El titular del EMoP finalizará su mandato junto con el gobernador que haya propuesto su pliego en la Cámara Alta.
"Será alguien con experiencia en tareas de regulación y control", se limitan a anticipar en la Casa de Gobierno donde, por el momento, no circulan nombres para ocupar el cargo. Una vez constituido el directorio, sus integrantes procederán a darse una reglamentación interna.
La puesta en funcionamiento del EMoP significará el traspaso al flamante ente de entre 60 y 100 empleados de los 160 que actualmente se desempeñan en la Secretaría de Servicios Públicos. "Los empleados mantendrán sus actuales salarios y condiciones de trabajo", confirman oficialmente.
Aunque las definiciones finales aún no se han adoptado, en el Gobierno se evalúa que el EMoP mantenga como lugar de funcionamiento el actual predio de la secretaría sobre calle Tiburcio Benegas. Y que el organismo que conduce Mema sea el que se traslade a la Casa de Gobierno.
Posiblemente su lugar estará en el ala Oeste, donde actualmente funciona la Administración Tributaria Mendoza (ATM), de próximo traslado a su flamante edificio en Belgrano y Peltier.
Las definiciones se irán adoptando a lo largo de los próximos tres meses.
Paralelamente se llevará a cabo el llamado oficial de la licitación para la concesión por diez años del servicio de transporte público de pasajeros del Gran Mendoza. Luego de la reciente audiencia pública ya se trabaja en los pliegos finales del sistema con dos ejes troncales, carriles para Metrobus y entre siete u ocho grupos de concesionarios.
El gobierno maneja un calendario de llamado a licitación y recepción de ofertas entre abril y mayo, una preadjudicación en junio y -condicionado a la resolución de eventuales impugnaciones- una probable adjudicación durante las vacaciones de invierno en julio. Aunque lo estricto de los plazos podría sufrir modificaciones en fechas que avancen sobre el segundo semestre.
El borrador de los pliegos ya está colgado en la página web de la Secretaría con la finalidad de interesar a posibles oferentes de fuera de Mendoza.
La normativa no permitirá que un mismo concesionario se quede con más de dos recorridos, aunque podrá acceder a un tercero sólo como integrante de una UTE. Están previstos reconocimientos por kilómetro recorrido, por puntualidad en las frecuencias y por pasajeros transportados luego de la certificación de los tres datos. También habrá multas por incumplimientos.
A doce años de su aprobación inicial, el Senado modificó la semana pasada la ley 7.412 que había creado un Ente de Transporte con facultades superpuestas tanto de control como de administración del sistema, lo que hizo que nunca llegara a funcionar.
Tanto Cambia Mendoza como el Frente para la Victoria (FpV) votaron afirmativamente mientras el FIT se inclinó por el rechazo.
"Los empleados del Ente seguirán siendo trabajadores del Estado en las condiciones actuales y no se regirán por los criterios privados de la ley de contrato de trabajo", ratificó el radical Adrián Reche. "Apoyamos la norma pero instamos al Ejecutivo para que en su decreto reglamentario se limite la tendencia a la cartelización que existe en el sector", remarcó el justicialista Luis Böhm.
"Alertamos sobre la concesión a manos privadas de la Terminal de Ómnibus lo que deja en esa órbita la torre de control que establece multas por tardanzas, cuando esto debería estar en manos del Estado", advirtió Gustavo Arenas (FpV).
"Se baja la cantidad de representantes de las uniones vecinales en el consejo consultivo del Ente", destacó Noelia Barbeito (FIT) a la hora de argumentar su rechazo.
"Esta ley se completará con una nueva ley de Tránsito que entenderá, entre otras cosas, sobre las posibles transferencias de acciones en las empresas concesionarias", destacó el también radical Juan Carlos Jaliff.
Claves
Nueva vida. Tras 12 años de silencio, el Senado aprobó días atrás la creación del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP).
Armado. Para su conformación se nutrirá de gran parte del actual personal de la Secretaría de Servicios Públicos.
Éxodo. Fuentes gubernamentales calculan que serán cerca de 100 los empleados que pasen de Servicios Públicos al nuevo Ente. Mantendrán su estatus como trabajadores del Estado provincial.
Conducción. El gobernador Cornejo enviará al Senado un terna de especialistas en el tema de la que surgirá un presidente para el nuevo Ente.
Duración. El nuevo titular del Ente durará en el cargo hasta que concluya el mandato de quien lo propuso.