Foto:
Cuando comenzó la crisis generada por el coronavirus, la Argentina venía en una situación frágil, intentando renegociar una porción de la deuda con acreedores extranjeros (unos U$S 85.000 millones) además de sembrar las bases para postergar los vencimientos con el FMI otros U$S 45000 millones. Hasta entonces los argentinos teníamos un horizonte complicado pero con bastantes certezas que generaban preocupación.
Pero apareció la pandemia y Argentina se vio envuelta en medio de una crisis mundial sin precedentes que, según la OMC, puede generar una caída del comercio mundial entre un 12% y un 30% durante 2020. Los analistas de mercado calcularon, hasta hora, una caída del PBI argentino del 4,4% este año, mientras las cifras del desempleo pueden alcanzar niveles peligrosamente altos.
No obstante, la receta frente a esta crisis combinada de oferta y de demanda parece centrarse en una mayor emisión monetaria por parte de los Estados para socorrer a los desempleados y a los autónomos que no pueden trabajar. En nuestro país, además, la emisión es necesaria para asistir al Estado nacional y a las provincias y municipios para poder pagar sueldos y gastos ya que las recaudaciones caen estrepitosamente.
Toda la bibliografía disponible analiza diversas estrategias para responder a una crisis de demanda, encabezadas por las recetas de Keynes en ocasión de la gran depresión de EEUU pero no hay antecedentes históricos ni ensayos académicos para afrontar una crisis de oferta.
Hasta hora, los consejos, y las decisiones que están tomando muchas empresas, tienden a una postergación de pagos de impuestos y, a futuro, a una menor presión impositiva para permitir a las empresas poder recuperar capacidad de acción.
Esta crisis de oferta se origina en las decisiones de los gobiernos de disponer de cuarentenas o sistemas de cercamientos de localidades y prohibiciones a las personas para salir de sus casas como forma de evitar la crisis sanitaria, o al menos postergarla, para evitar picos como los generados en Italia, España y, ahora, en Estados Unidos.
Dado el desconocimiento acerca de la evolución del virus, las restricciones y el aislamiento social son las mejores acciones defensivas disponibles para ralentizar la circulación viral pero generan una caída de la actividad económica muy severa, cuyas consecuencias y costos, hasta ahora, son incalculables.
Hasta ahora, el gobierno nacional viene implementando una serie de ayudas económicas para los sectores más pobres y los trabajadores del sector informal, así como a algunos monotributistas y autónomos que no pueden salir a trabajar. Todo esto se financia con emisión monetaria. En marzo, el Banco Central batió récord de emisión y se calcula que ya lleva impreso 1 billón de pesos, aunque en los límites de las posibilidades que le da la carta orgánica.
Para seguir financiando, el BCRA podría echar mano a los resultados del balance de 2019, que se está terminando, que le dejaría utilidades de 1,4 billón de pesos (nominales). Ya es tradicional que el BCRA transfiera sus ganancias al Tesoro, por lo cual sería una vía, discutible, pero a la que podrían recurrir en caso de necesidad.
También están esperando una transferencia que haría el FMI a todos los países como una ayuda global que se repartiría según la cuota de capital que cada uno tiene en el organismo y sería en carácter de subsidio, sin obligación de devolver. En ese caso, a la Argentina le tocarían unos U$S 3.000 millones, que al cambio actual serían unos $ 195.000 millones.
Toda esta expansión monetaria en algún momento se hará sentir y sería bueno que las autoridades fueran estudiando la estrategia para evitar que se transforme en una trampa. Por ahora, decidieron postergar en forma unilateral todos los vencimientos de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina que vencían este año para 2021, mientras se sigue negociando con los acreedores de bonos bajo ley extranjera.
El sector empresario vivir una crisis que se manifiesta en la paralización, en el corte de la cadena de pagos porque, al no tener ventas, muchos no han podido cubrir cheques y el problema significativo se da en la imposibilidad de pagar sueldos.
En este sentido se espera una acción más decidida del gobierno. La autoridad es la que no permite trabajar a las empresas, pero les prohíbe hacer despidos. En este sentido lo que se espera es que el Gobierno se haga cargo de esos salarios de una forma más decidida, para proteger la vida de las unidades productivas, que serán necesarias para cuando termine la crisis.
De la misma forma, los gobiernos provinciales no están prorrogando vencimientos de impuestos como inmobiliario o automotor o patentes de comercio a empresas que no pueden abrir. Es necesario tener coherencia y, en su caso, reducir los gastos superfluos, que son demasiados.
El panorama es extraordinario y requiere medidas extraordinarias. El Gobierno no puede desentenderse de las consecuencias de ordenar una cuarentena obligatoria y seguir exigiendo pagar impuestos y sueldos.
Los préstamos a las empresas son inviables porque no los podrán pagar y el riesgo grande es que se fundan una gran cantidad de pymes, con la consecuencia de una mayor concentración de la economía.