Criticada a izquierda y derecha, dentro y fuera de España, la reforma de la ley del aborto del gobierno conservador español fue retirada por falta de consenso, anunció este martes el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy.
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Criticada a izquierda y derecha, dentro y fuera de España, la reforma de la ley del aborto del gobierno conservador español fue retirada por falta de consenso, anunció este martes el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy.
"En este momento, yo, como presidente del gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata", afirmó, reconociendo los desacuerdos alrededor de un proyecto de ley que prohíbe el aborto incluso en caso de malformación del feto.
"Lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno la cambia al medio minuto", afirmó Rajoy.
Una de las grandes promesas electorales del conservador Partido Popular (PP) antes de llegar al poder a finales de 2011, la reforma había sido aplazada en varias ocasiones, en un contexto de desacuerdo en el propio seno de la derecha española.
Su artífice, el ministro de justicia Alberto Ruiz-Gallardón había asegurado en junio que debía ser finalmente aprobada este septiembre, por lo tanto renunció esta mañana a su cargo.
El ministro de Justicia español anunció este martes su renuncia al cargo y a la política, poco después de que el gobierno anunciara la retirada de una controvertida reforma de la ley del aborto elaborada por él.
"La decisión que adopto no es solamente la decisión de abandonar el ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de 30 años la política", afirmó en rueda de prensa.
Unas horas antes, el jefe del gobierno conservador, Mariano Rajoy, anunció su decisión de retirar la polémica reforma de la ley del aborto, criticada a izquierda y derecha, dentro y fuera de España.
El ejecutivo de Rajoy había aprobado en diciembre un anteproyecto para reemplazar la ley de 2010, adoptada bajo el anterior gobierno socialista, que actualmente autoriza el aborto en España hasta las 14 semanas de gestación y, en caso de malformación del feto, hasta las 22 semanas.
Dicho proyecto sólo permitía la interrupción del embarazo en dos casos: cuando dos médicos distintos certificasen la existencia de un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o en caso de violación, siempre que hubiese una denuncia previa ante la policía.
No lo permitía, sin embargo, en caso de malformación del feto, lo que llevó a varias figuras del gubernamental Partido Popular a sumar sus críticas a las expresadas por la oposición de izquierda y las feministas.
