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En los primeros años de este siglo escasos intelectuales y dirigentes -el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama, entre ellos- advertían que una de las amenazas para la humanidad serían los virus y la resistencia de las bacterias a los medicamentos. La pandemia del coranavirus confirma esas alertas.
La pandemia está provocando una alteración en la economía mundial, como, no se observaba desde la crisis de 1929. Y por otro lado una aceleración de procesos como el de la cuarta revolución industrial digital. En ese sentido es notable la capacidad de adaptación de numerosos actores independientes y empresas versus a la incapacidad del Estado para hacerlo.
La feria judicial es un caso de las falencias del Estado. La implementación de la firma digital permitiría el funcionamiento del poder judicial sin riesgo para la salud de los litigantes, magistrados y empleados. Hoy, como otros sectores de la burocracia, están de vacaciones pagas.
La Argentina, con una década perdida en crecimiento y problemas estructurales de larga data, como no tener moneda y por ende ausencia de ahorros en moneda propia, está en mayores dificultades para encarar la crisis, que, otros países. No sólo los más desarrollados, sino también países vecinos, que, han sido más inteligentes en aprovechar el ciclo de altos precios, para las exportaciones, de la primera década de este siglo.
A la necesidad de mayores recursos en salud, para controlar la expansión de la pandemia y atender a los enfermos, se agrega, el cese de actividades por la cuarentena decretada para frenar la propagación del virus y la disminución por ende de la actividad económica y de las exportaciones. Todo en un contexto inflacionario y junto a la necesidad de negociaciones para afrontar la deuda externa y evitar un nuevo default.
La sociedad está haciendo un gran esfuerzo, cese de actividades, disminución de ingresos, y en muchos casos cese de los mismos, dificultades para pagar sueldos y afrontar las cargas impositivas y el pago de los servicios públicos. Pero percibe que ese esfuerzo no es acompañado por el sector público.
No se trata solo de los sueldos del gabinete o los legisladores, inferiores a los de funcionarios de entes y empresas públicas, que son escandalosos sino de todo el Estado. Hay numerosos empleados de las burocracias nacionales, provinciales y municipales, que además de ser innecesarios, están en sus casas; por lo tanto no es lesivo pedir un aporte a los que tienen ingresos seguros a diferencia de los trabajadores privados, que ya han aceptado quitas y los del sector informal, que están sin ingresos.
También hacen su aporte los jubilados que perciben algo más que la mínima, y que, son los que han aportado al sistema, pues la suspensión de la movilidad les ha reducido sus ingresos en más de 10 %.
En plena crisis del 30 el Congreso dictó en 1932 la ley 11584, que dispuso rebajas salariales para toda la administración pública, con un 4,5 % para los sueldos más bajos de la escala hasta un 37,5% para los más altos funcionarios como el presidente y el gabinete de ministros y los mismo para las dietas de senadores y diputados nacionales .Por supuesto debería excluirse a quienes se desempeñan en el sistema de salud.