Por Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
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Por Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
La muerte del fiscal de la causa AMIA precipitará una nueva ley de Inteligencia. El pálpito es compartido por el oficialismo y la oposición, que de esta manera buscarán poner orden en el desmadre que reina en la ex Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE).
El lunes, cuando se conoció el dramático fallecimiento de Alberto Nisman, el Gobierno apuntó a la interna que existe entre “los servicios” y dijo que éste fue un factor decisivo tanto en la denuncia que realizó el fiscal contra la Presidenta por presunto encubrimiento de los imputados iraníes, como en la sorpresiva y abrupta muerte del fiscal.
En el kirchnerismo recuerdan que la Jefa de Estado tuvo que descabezar la cúpula del organismo de inteligencia en diciembre y puso allí al histórico secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. En la oposición, recalcan que la decisión -que no fue explicada por el Gobierno- se debió a la necesidad de intervenir con más efectividad en las decisiones de la Justicia Federal, que tiene a muchos miembros del oficialismo en la mira.
Anteayer, cuando la noticia del fallecimiento del fiscal conmocionó a todo el país, el kirchnerismo acusó desde el Congreso a sectores “oscuros” del aparato de Inteligencia del Estado a los que todavía “no les llegó la transparencia”. “Queremos saber qué papel jugó Jaime (nombre de pila) Stiusso, si se comunicó con Nisman en las últimas horas”, pidió la jefa del bloque K, Juliana Di Tullio, en referencia a quien fue jefe operativo de los espías y hombre fuerte de la ex Side, hoy echado por la Presidenta.
En virtud de esto, algunos legisladores admitieron que una nueva Ley de Inteligencia será uno de los temas del año parlamentario y que el proyecto podría ser anunciado por Cristina Fernández cuando inaugure las sesiones ordinarias el 1° de marzo.
La reforma es pedida por muchos organismos de Derechos Humanos, especialmente por el CELS, que patrocinó a un grupo de familiares de víctimas de la AMIA en un reclamo contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de este reclamo, el Gobierno de Néstor Kirchner se comprometió en 2005 a cambiar la ley, pero tras diez años esto nunca ocurrió.
El principal partido de la oposición, el radicalismo, está de acuerdo con avanzar en este sentido. Pero presentará su propio proyecto de ley, en el que pedirá que la actual Secretaría de Inteligencia esté bajo mayor control parlamentario. Para ello, propondrá que quien en el futuro la comande tenga el aval del Congreso.