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Llama la atención el nivel de pavor que ha generado el Covid-19, más aún si se piensa que el mundo no se paralizó ante otras enfermedades mucho más peligrosas que lo asolaron no hace tanto tiempo, como por ejemplo el SIDA, cuya mortalidad en sus primeros tiempos era altísima, y en donde se necesitaron muchos años de trabajo de investigación médica y científica para poder encontrar un tratamiento adecuado contra esa enfermedad.
¿Cuál puede ser la razón de esta diferencia?, algunos se lo atribuyen a la existencia de internet y de las redes sociales, las cuales generan sobreabundante información, en su gran mayoría fatalista, otros a que resulta indispensable administrar la curva de contagiados para que el sistema hospitalario no sea desbordado ante una enfermedad tan contagiosa, y ello los lleva a extremar las medidas, entre las que es útil generar pánico para lograr el acatamiento de las medidas de confinamiento.
Tal vez, el motivo del pavor de la población sea una combinación de estas y de otras razones que no hemos mencionado.
Pero más allá de la causa, lo relevante es que el pánico paraliza y ello puede llevar a que una comunidad termine aceptando mansamente medidas que dejen sin efecto sus derechos constitucionales, siempre y cuando se la convenza de que esa es la única forma de combatir un terrible mal, y en donde, seguramente, buscarán remarcar que toda persona que no acepte esas restricciones es antisocial.
En relación con este asunto, hasta ahora hemos visto que Argentina adoptó el camino de un confinamiento riguroso con suspensión de otros derechos, y que nuestra población acató esas restricciones sin discusión.
Por lo tanto, habría quedado aceptado que, ante una pandemia declarada por la OMS, el presidente de la Nación puede suspender los derechos constitucionales de los habitantes por medio de un DNU, sin declarar el Estado de Sitio, mal precedente. El otro ataque a la libertad es la vigilancia policial sobre la población, la cual, según información periodística, ha generado que unas 1.3 millones de personas ya hayan sido notificadas o demoradas en el país por violar el aislamiento.
¿Qué es lo que alarma de la situación descripta?, bueno, todo parece indicar que los efectos permanentes que nos dejará esta pandemia terminarán colisionando contra los derechos individuales que se encuentran garantizados por nuestra Constitución Nacional, y, por lo tanto, habrá que ver cuál de los dos intereses prevalece cuando ese conflicto se presente. Veamos.
En esta cuestión, el gran tema que preocupa es la vigilancia policial que el gobierno ejerce sobre la población bajo la justificación de esta pandemia, por ahora física, pero en el futuro también podría ser digital y permanente.
En ese aspecto, bueno es tener presente que importantes empresas de tecnología recientemente han anunciado que están desarrollando aplicaciones que permitirán rastrear la expansión de este u otros virus de manera más exacta y precisa por medio de los celulares.
A partir de estas consideraciones, podría suceder que, en un futuro cercano, el gobierno pretenda inclinarse hacia este tipo de controles virtuales sobre la población, bajo el argumento de prevenir contagios de este o de nuevos virus que surjan en el mundo.
En relación con este tema, el gobierno ya ha puesto en funcionamiento la app CuidAr, por medio de la cual puede geolocalizar a la gente, y por ello, tal vez sería más propio denominarla ControlAr.
Obviamente, para que una vigilancia de este estilo sea efectiva, resultará indispensable que todos los aparatos móviles tengan incorporada esa aplicación (los desarrolladores de dicho dispositivo agradecidos), y, además, que el gobierno disponga que a partir de ese momento el móvil telefónico se transforme en una suerte de DNI de las personas, cuya portación se tornaría obligatoria (los proveedores de telefonía de parabienes).
Dentro de ese giro hacia el totalitarismo, el poder público también podría promover la creación de un nuevo delito sanitario para aplicárselo a todo aquel que se oponga activa o pasivamente a esa nueva normativa.
Para completar esta sombría futurología, el gobierno podría disponer que el vademécum de vacunación obligatoria se encuentre incorporado al celular de cada habitante (laboratorios agradecidos), y, por lo tanto, todo aquel que no cumpliese con esa normativa sería fácilmente detectable, lo cual permitiría que, además de imputarle un delito, se le pudiesen imponer multas y hasta impedirle que se postule para cargos públicos y/o iniciar y/o renovar licencias, trámites, entrar, transitar y salir del país libremente, es decir, que, además de un delincuente, sería un muerto civil.
De ese modo, todos seríamos monitoreados gracias a nuestros celulares, ya no habría intimidad, el gobierno sabría dónde está cada uno de nosotros en tiempo presente, qué acatamiento llevamos del plan sanitario, con quienes nos reunimos, y cualquier otro asunto sobre el cual quieran vigilarnos, la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional quedaría como un lejano recuerdo, la emergencia y el pánico habrían ganado la batalla contra los derechos individuales.
Seguramente ni George Orwell, cuando escribió su futurista 1984, habrá imaginado que se podrían cumplir sus peores pesadillas.
En síntesis, esperemos que, en caso de presentarse ese conflicto, se imponga el derecho a la privacidad, por ser el último bastión de la dignidad humana.