La marcha convocada por los colegas de Alberto Nisman para recordarlo cuando se cumpla el primer mes de su muerte, consterna al Gobierno. A nadie se le escapa, en el oficialismo nacional, que uno de los últimos capitales que tiene el partido gubernamental, el control de la calle, podría quedar subsumido a una postal del pasado. La imagen interna y mundial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cayó severamente -según encuestas pedidas por la propia Casa Rosada y los lapidarios informes que hacen los medios de todo el globo- por la inesperada aparición sin vida del fiscal que acusó a la mandataria de haber intentado encubrir a los ciudadanos iraníes, imputados de perpetrar el mayor atentado terrorista de la historia argentina. En Olivos están convencidos de que el luctuoso hecho tiene conexión directa con los ataques de los fondos buitre contra la Argentina y todos los grandes problemas que el Ejecutivo tiene que enfrentar en el tramo final de su mandato. Una gran conspiración está en marcha -piensan- y hay urgencia por detenerla. La palabra acuñada por la corte de intelectuales más indulgente para con el Gobierno, “destituyente”, ha vuelto a ponerse sobre la mesa.
De ahí que desde la Casa Rosada se intenta desmontar la movilización del 18F denunciando una serie de operaciones. La primera es que quienes la convocaron, los fiscales federales porteños, buscan convertirse en una “corporación” a fin de ganar poder dentro del universo judicial. No les duele la pérdida de un compañero ni sienten temor, sólo buscan sacar alguna tajada, sospecha el kirchnerismo. Además, se los señala como partícipes del establishment judicial, ése al que el oficialismo busca restar poder desde 2013. En eso tienen razón: ninguno de los ocho fiscales que pidieron el acompañamiento de la sociedad es de Justicia Legítima; ninguno de ellos es tropa propia.
La segunda operación es denunciar que la marcha del 18F “será politizada” ya que de ella participarán los líderes de la oposición. Ambas denuncias resultan paradójicas ya que fue el propio kirchnerismo el que primero intentó politizar a la Justicia con aquella ley que modificaba el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Recordemos: la Casa Rosada propuso que los representantes no políticos, es decir jueces, abogados y académicos, debían ser votados en elecciones generales, por lo cual los magistrados se veían en la obligación de hacer campaña y poner sus nombres en las listas de los partidos políticos.
En política los argumentos se adaptan a las urgencias de cada caso. Por eso ahora el kirchnerismo salió a advertir a los magistrados, que llaman a marchar en silencio, que podrían ser recusados cuando una causa con implicancias políticas les llegue a sus estrados. El oficialismo recoge el argumento central que la oposición usó para votar en contra de la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura y que utiliza para fustigar a los miembros de Justicia Legítima por responder a un partido político (el del Gobierno): "la partidización" o "politización" de la Justicia.
No fue casual que el Ejecutivo haya intentado al mismo tiempo esta "democratización" de los tribunales federales y llevar adelante el Memorando de Entendimiento con Irán en torno de la causa AMIA. El Congreso aprobó ambas leyes a principios de 2013, con dos meses de diferencia entre una y otra. La coincidencia temporal permite ensayar una hipótesis: la Presidenta sabía que el acercamiento a la República Islámica, cuyas autoridades estaban acusadas por Nisman de la voladura de la AMIA, provocaría estrépito en la Justicia argentina, no sólo en la fiscalía que conducía el fallecido fiscal. Una parte de los tribunales leyó este Tratado como una severa intromisión del Ejecutivo y del Legislativo a su competencia constitucional, ya que el malogrado Memorando implicaba la creación de una "Comisión de la Verdad" con la facultad de poner en duda todo lo actuado por la Justicia argentina. Otra parte de los jueces y fiscales entendió que al tener el Tratado con Teherán el respaldo de una ley, el tema no era "judicializable". En el primer grupo estaba Nisman, quien impulsó la declaración de inconstitucionalidad y terminó denunciando a la propia Presidenta de haber urdido un plan para exculpar a los iraníes.
Como la Corte le sacó a Cristina Fernández esa herramienta de presión que era la reforma del Consejo de la Magistratura, ya que modificaba las mayorías necesarias para suspender a un magistrado, el Gobierno no pudo usar a la Magistratura como ariete para frenar la rebeldía judicial que, sabía, se estaba gestando. Le quedaba, sin embargo, su enorme capacidad de lobby a través de la ex SIDE.
Evidentemente tampoco esta jugada salió bien. En la Justicia federal hay un tendal de medidas ya diseñadas que golpearán en los próximos meses -en un año electoral- directamente al kirchnerismo. No sólo a la Presidenta y sus funcionarios sino también a los empresarios que se enriquecieron durante la última década al calor del poder político.
¿Por qué razón el Gobierno no pudo prevenir este acoso judicial? Según la lectura oficialista, esto se debe a los servicios de inteligencia, que dejaron de ser funcionales al Ejecutivo y se le volvieron en contra. ¿Pero qué volvió en contra del propio oficialismo a los servicios? El giro de la política exterior que realizó la Casa Rosada. Una parte determinante de la ex SIDE vio perder, con este realineamiento internacional, su influencia y la millonaria “caja” a la que accedían los espías a través de las colaboraciones con las principales agencias internacionales, como la CIA, las cuales rompieron lazos con los aparatos de inteligencia locales.
Cuando el Gobierno decidió redireccionar la causa AMIA para ponerla en órbita de sus nuevos intereses geopolíticos, pactando con Irán de espaldas a la comunidad judía argentina y sin buscar consensos parlamentarios (el Memorando se trató en sesiones extraordinarias y se aprobó en menos de un mes), surgió esta guerra intestina en los servicios de inteligencia estatales que ahora terminó de explotar. Ante semejante desastre, la intención del oficialismo es ahora socializar esta crisis por él mismo engendrada a toda la sociedad; de ahí que todos sus voceros hablen “de una deuda de la democracia” la reforma de los organismos de inteligencia.
