24 de mayo de 2013 - 21:51

Sin ejemplaridad pública peligra la democracia

"La transparencia, la información, la rendición de cuentas, la asunción de responsabilidades y el mérito inspiran toda la actividad pública y son el fundamento esencial de todo el sistema democrático moderno" expresan algunas de las definiciones de la Plataforma Política de Mallorca del 19 de marzo de 2010 denominadas: "Por la ejemplaridad en la gestión pública".

Hace pocos días cuatro ex gobernadores de Mendoza se preocuparon por el tema (publicaciones en Diario Los Andes 11 y 12 de abril 2013), circunstancia que, obviando las posiciones de cada uno -por no ser el objetivo de esta colaboración- nos tiene que entusiasmar y sensibilizar por la jerarquía de los opinantes y la inusitada irrupción de un tema del cual pareciera que estábamos definitivamente excluidos y resignados a omitirlo.

Hoy puede afirmarse como régimen político legítimo aceptado, el democrático, no solamente en su origen -participación popular en la elección de los representantes- sino en la existencia inexcusable del control como mecanismo de seguridad en el vínculo representativo.

El profesor y político Jorge Vanossi plantea en su libro "El mito de la representación política", las dificultades que hay que sortear para alcanzar la doble legitimación, de origen (designación) y de resultado (gestión). Desarrolla el constitucionalista los interrogantes que se han planteado en la historia política y constitucional para explicar los fundamentos del fenómeno representativo,"ante la necesidad de justificar el imperativo y la presión simbólica que se articulan sobre quienes nos gobiernan, afirmando que la idea de distribución del poder está absolutamente ligada a la representación".

Esto indica que el sistema representativo transita necesariamente de la mano del republicano, que implica la división de funciones y/o poderes, como una forma de equilibrar mediante el control y alejar la posibilidad de cualquier tentación de autoritarismo (unipersonal o grupal).

Hace unos años, en oportunidad de asistir a un curso sobre Ética Política, escuché del disertante Jesuita Ismael Quiles, una ingeniosa explicación de la obligación del hombre público ante sus representados. Señalaba que el dirigente debía aceptar vivir en una casa cuyas paredes, pisos, techos, etc., eran de cristal transparente.

Por ello todos sus movimientos eran permanentemente observados y producían aceptación o rechazo según incurriera en actitudes, gestos, costumbres y acciones, que lograban aceptación o rechazo, de quienes lo observaban. Hasta las más mínimas actitudes, como rascarse, por ejemplo. Es un precio muy alto ceder el resguardo de su intimidad, pero la notoriedad que da el poder justificaba tal circunstancia. Quien no estuviera de acuerdo en soportarla debía quedarse en un ámbito más personal y menos público.

Toda vida humana es un ejemplo y, por ello, es tributaria del imperativo de ejemplaridad, por cuanto de esa forma el comportamiento será imitable y generalizable en su ámbito de influencia. Mientras más notoria sea la presencia de cada ser humano, más exigible será el débito de ejemplaridad que sus semejantes reclamarán.

Esta afirmación no es sectaria; dependerá del grado de vocación por lo público que tenga el sujeto en análisis. Ello se verificará en la familia, en la escuela y, sobre todo, en la actividad política, ámbitos donde si es positivo el resultado de ejemplaridad, servirá para cohesionar; si es negativo, la fragmentará y atomizará. Se podría concluir que el espacio político democrático está cimentado en la ejemplaridad.

Vivimos una sociedad mediatizada con instrumentos que rápida e ilimitadamente propician el conocimiento de los modos de vida de cada uno y estos generan el paradigma moral de la comunidad, crean pautas de comportamiento y suscitan hábitos colectivos. Pesa sobre ellos un plus de responsabilidad. Los ciudadanos comunes pueden hacer todo aquello que las leyes no prohíban pero a los dirigentes se les exige que no contradigan valores sociales y que construyan, mediante el ejemplo, una convivencia justa y libre para la comunidad que representan.

Con la adopción del sistema político-social democrático se hace aún más exigible el respeto de la ejemplaridad para el dirigente, porque la relación de mandato representativo incluye inexcusablemente la relación de confianza, que no se compra ni se impone, se inspira. Cicerón la definía como un conjunto de virtudes: sabiduría, magnanimidad, justicia y decoro en la exteriorización de la vida privada ("Tratado sobre los deberes", citado por el maestro Arturo Enrique Sampay, "Constitución y Pueblo" Cuenca Ediciones 1973).

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