En medio de la turbulencia política que se percibía previo a las sesiones extraordinarias del Congreso, en esta misma sección nos referíamos a fines de enero a la importancia que, tanto para el oficialismo como para la oposición y también para la dirigencia sindical, representaba la búsqueda de consensos básicos para avanzar con uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno nacional, la reforma laboral.
Lamentablemente, dicho acercamiento no se produjo en los términos que requería una propuesta de tanta envergadura y los argentinos debimos asistir a una penosa muestra de nivel político, especialmente porque el principal sector de la oposición, el justicialismo, eligió la confrontación sobre el valor que hubiese tenido una propuesta alternativa, que fue presentada pero no encarada con el nivel y la seriedad requeridas para el caso.
Ni siquiera la lógica eliminación de un inapropiado artículo del proyecto oficialista que castigaba las licencias por enfermedad justificó el bochornoso espectáculo visto el jueves en la sesión de Diputados, donde representantes del PJ hasta llegaron a obstaculizar la labor del personal de la cámara en el recinto para expresar su impotencia.
Resta aún la nueva revisión del Senado para que el amplio proyecto se convierta en ley. Y luego no hay que descartar objeciones que deriven en planteos ante la justicia. Pero lo que realmente vale es el paso dado desde el punto de vista institucional en una problemática que decididamente debía encararse.
Nos encontramos ante una reforma ambiciosa, que muy bien se inserta en el contexto socioeconómico actual. Entre lo que necesita la Argentina para resurgir urge la apertura a mecanismos que alienten y favorezcan el trabajo formal, beneficiando a empleadores y trabajadores por igual. El elevadísimo nivel de informalidad al que llegó nuestro país con el paso de los años favorece la precariedad laboral y social a la vez.
De una buena vez deben modificarse situaciones e intereses de largo arraigo en la vida política y gremial del país, que sólo benefician al nudo dirigencial sindical por encima de las expectativas de la gente y con el acompañamiento de un sector de la política.
Lógicamente, habrá que observar con paciencia los avances de la nueva legislación. Probablemente sean necesarios reajustes con el tiempo, pero no caben dudas de que se ha dado un paso para encontrar la dirección correcta que requiere la economía.
Por todo ello resulta lamentable que la dirigencia política, a través de sus miembros en uno de los poderes del Estado, no haya tenido la oportunidad de debatir con altura un tema de enorme trascendencia.
Es de esperar que tanta intransigencia opositora no enceguezca y fanatice a un oficialismo que aún encuentra moderación y prudencia entre los bloques dialoguistas que acompañan con convicciones sus iniciativas.