Nuevamente la diplomacia argentina dejó una pálida imagen por culpa de las desinteligencias que en materia de relaciones exteriores salen a la luz, cada vez más, en el gobernante Frente de Todos. El detonante fue el drástico informe sobre crímenes y arrestos políticos en Venezuela, a cargo de la comisión que encabeza la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Quien dio inicio al escándalo diplomático fue el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien criticó dicho informe sosteniendo que contenía una “visión sesgada sobre la violación de los derechos humanos” y que el país caribeño “ha sufrido un fuerte asedio del intervencionismo”. Salió así en abierta defensa del régimen de Nicolás Maduro. Ya este año, también ante la OEA, la Argentina se abstuvo de votar una resolución condenatoria de las artimañas del dictador para asegurarse un triunfo en las elecciones legislativas. de noviembre.
Sin embargo, en la inmediata votación en la ONU, el embajador de nuestro país ante esa organización, Federico Villegas, se expresó a favor de la condena a la caótica situación venezolana en materia de derechos humanos y votó, como la mayoría de la comunidad internacional, en respaldo de la resolución que inspiró el informe de Bachelet.
Esa acertada decisión fue la que agravó la fuerte interna que se percibe dentro del Gobierno en éste y otros asuntos relacionados con la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández. Voces siempre identificadas con el kirchnerismo más radicalizado no sólo expresaron su desagrado por el voto argentino en la ONU, sino que hasta llegaron a hacer pública su condena a la conducción de la Cancillería. Dejaron una vez más a la luz la sintonía existente por parte de ese sector del oficialismo con el régimen venezolano, que también se encargó de hacer pública su crítica al presidente argentino, por el voto en contra en la ONU, a través de encumbrados referentes del régimen.
Finalmente, fue el propio canciller argentino, Felipe Solá, quien pretendió poner claridad en el tormentoso asunto, aunque con sus módicos dichos sembró más incertidumbre. Señaló el ministro de Relaciones Exteriores que el Gobierno tiene sobre Venezuela una postura de oposición a “sanciones e injerencias exteriores en la vida política” de ese país, instando a una “resolución política de la crisis”, pero en lo relacionado con los derechos humanos mantiene su “liderazgo en defensa global” de los mismos.
Es claramente contradictoria la posición argentina sobre Venezuela que surge de lo indicado por el canciller Solá, contradicción que puede estar motivada por la enorme presión que ejercen los sectores que abiertamente comulgan con los métodos dictatoriales de Maduro. Resulta difícil pensar en dejar atrás la actual crisis social y económica del país caribeño, como señala nuestra Cancillería, mediante la política cuando es ésta la que desde hace muchos años se encuentra cada vez más sometida a la censura y la persecución por parte del chavismo atornillado al poder. ¿Y cómo es posible adherir a toda condena a la violación de los derechos humanos cuando se persigue, encarcela o mata a los opositores, según lo que ratificó el reciente informe de la ONU? Para nuestro gobierno Maduro no es un dictador, aunque rasgos autoritarios. Preocupante tal tibieza.
