En uso de sus atribuciones constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, previo al inicio del ciclo anual ordinario, que rige desde marzo.
No se debe descartar un mes de febrero tenso en lo político por la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, para tratar, en particular, la reforma laboral. Pero resultaría dignificante para oficialismo y oposición, y para la siempre influyente dirigencia sindical, que las diferencias que surjan se puedan zanjar en base al consenso.
De parte del Gobierno, Patricia Bullrich es la encargada de avanzar con las negociaciones por la aprobación de la ley de reforma laboral.
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En uso de sus atribuciones constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, previo al inicio del ciclo anual ordinario, que rige desde marzo.
Con el proyecto de reforma laboral como tema dominante, el gobierno nacional busca avanzar con una de las premisas económicas más trascendentes, en el marco de la agilización de actividades laborales que lleven a la formalidad y reducción de cargas patronales que durante años obstaculizaron la creación de trabajo en blanco, es decir, dentro del sistema.
Completan la convocatoria a las cámaras legislativas la modificación de la Ley de Glaciares y la homologación del reciente acuerdo suscripto entre el Mercosur y la Unión Europea. Prudentemente, el Ejecutivo dejó para más adelante el debate sobre las modificaciones previstas en Inteligencia.
Como decíamos, lo que el Gobierno denomina modernización laboral no es un proyecto de ley más. Se trata de una reforma ambiciosa, seguramente necesaria en el contexto socioeconómico que el país necesita para resurgir, pero que toca situaciones e intereses de largo arraigo en la vida política y gremial del país.
Bien señalaron analistas políticos que se han acumulado antecedentes, en estos más de cuarenta años de democracia, con intentos fallidos por parte de distintos gobiernos para encarar lo que hoy en día el espacio libertario está más seguro de poder obtener. De ahí el actual desafío.
En primer lugar, existe la necesidad de apelar a los consensos políticos en el ámbito legislativo. Con el Senado como cámara de inicio, el oficialismo cometió la torpeza de pretender movilizar, en diciembre, el tratamiento prácticamente a libro cerrado, generando lógica sorpresa y malestar entre aliados y opositores, respectivamente.
El sector parlamentario afín al Gobierno debe entender que haber obtenido la primera minoría legislativa, con los resultados de las elecciones de octubre pasado, no lo habilita automáticamente para plantear debates con resultados satisfactorios en las votaciones. Tiene, obviamente, una postura más cómoda luego de la notable minoría de los dos primeros años de gestión, pero de ningún modo suficiente como para considerar a sus principales proyectos en un mero trámite.
Por otra parte, el oficialismo debe evitar caer en situaciones inapropiadas que generaron en tiempos previos otras fuerzas políticas que dispusieron de liderazgo en las cámaras como producto de sus mayorías. El caso del justicialismo en el Senado es, seguramente, el ejemplo más palpable; recién desde el 10 de diciembre último no dispone de una mayoría de la que se había beneficiado durante décadas.
En síntesis, no se debe descartar un mes de febrero tenso en lo político. Pero resultaría dignificante para oficialismo y oposición, y para la siempre influyente dirigencia sindical, que las diferencias que surjan se puedan zanjar en base al consenso.