Sentencia que pone límites al personalismo político

La resolución judicial boliviana prohibiendo una nueva reelección de Evo Morales ejemplifica sobre el normal funcionamiento institucional de una república democrática, en la que la periodicidad en el ejercicio de la función pública debe ser pilar principal para la sustentabilidad del sistema.

Con un fallo de gran equilibrio institucional, el Tribunal Constitucional de Bolivia anuló la posibilidad de reelección indefinida del ex presidente Evo Morales y así lo inhabilitó para postularse nuevamente en 2025.

El tribunal consideró que la posibilidad de reelección sin límites no es un derecho humano, como planteó Morales para asumir la argumentación con la que pretendió instalarse de nuevo en la carrera presidencial. Además, los jueces sostuvieron que no corresponde que un presidente ejerza más de dos mandatos, tanto de forma continua como discontinua.

Se trata de un fallo inapelable y que tuvo sustento en una resolución sobre el tema emitida en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocándole un freno a las argumentaciones del ex presidente. Se hace extensivo a gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la reforma constitucional de 2009, ya en tiempos de Evo Morales en la presidencia.

Parte del contenido del fallo de los jueces supremos de Bolivia merece ser reproducido por la contundencia de sus argumentos. Indica que “la restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder”. “La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Debe recordarse que el líder boliviano ejerció la presidencia de su país durante tres períodos consecutivos y a fines de 2019 intentó lograr un cuarto mandato en elecciones muy cuestionadas en lo referido a la transparencia. El resultado, a su favor luego de un confuso recuento de votos, derivó en una rebelión popular en su contra y Morales debió renunciar poco después, aceptando una sugerencia de la Central Obrera de Bolivia, como una forma de calmar los ánimos y evitar enfrentamientos. Tras el escándalo, se refugió en la Argentina, donde fue cobijado políticamente por el gobierno de Alberto Fernández.

Nunca hubo un golpe de Estado, como argumentaron Morales y su séquito en aquella oportunidad; sí un vacío de poder que obligó a la designación de un gobierno interino. La normalización institucional llegó con elecciones libres que consagraron como presidente a Luis Arce, ex colaborador de Morales durante muchos años, quien paulatinamente fue adoptando un liderazgo político que, evidentemente, molestó a su antecesor, que con el reciente fallo vio frustradas sus ansias de destronarlo para volver a ejercer un poder que no es suyo, sino de todos los bolivianos a través de un presidente democráticamente elegido.

Vale reiterar que, desde todo punto de vista, la resolución judicial boliviana ejemplifica sobre el normal funcionamiento institucional de una república democrática, en la que la periodicidad en el ejercicio de la función pública debe ser pilar principal para la sustentabilidad del sistema.

Es de esperar que tendencias personalistas y autoritarias, como la que pretendió seguir ejerciendo Evo Morales, que tiene varios ejemplos y mentes inspiradoras tanto en la región como en otros países del mundo, encuentren definitivamente un freno, dando paso a una consolidación institucional sana.

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