No es reiterativo señalar que la corrupción continúa siendo un enorme flagelo para la Argentina. Periódicamente lo confirman datos internacionales que demuestran que es muy lento el proceso para desarticularla. Pero también porque el efecto sigue poniendo trabas a un necesario despegue económico; muchas dudas con respecto a inversión en nuestro país se generan ante tan desafortunado antecedente.
El lamentable caso que involucró en 2023 al exintendente y ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde volvió a tomar trascendencia en los últimos días a raíz de la revelación de un video que mostró en detalle una significativa cantidad de fajos de dólares estadounidenses termosellados en un vestidor de su pertenencia.
Así, una oportuna investigación periodística permitió reflotar una causa de corrupción que sacudió a la opinión pública en pleno proceso electoral hacia las últimas elecciones presidenciales, sumando descrédito a la fuerza política que gobernaba en esos momentos.
En efecto, el kirchnerismo, que dominó la escena política nacional durante dos décadas, acumula récords en cuanto a tramas de corrupción en la función pública, muchas de las cuales llegaron a la justicia y, aun con lentitud, tuvieron el debido tratamiento y la condena para sus principales responsables.
Lamentablemente, el gobierno actual, que accedió al poder basado en su promesa de erradicar los vicios de la “casta” política, también ha tenido en dos años y medio de gestión hechos que han merecido la investigación de la justicia y que aún no son resueltos o están en plena investigación, como el que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Para que no queden dudas sobre el cuadro de situación del país corresponde remitirse a las estadísticas específicas. Según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado anualmente por Transparencia Internacional, la Argentina se ubica en el puesto 104 entre 180 países, reflejando una caída en la imagen que transmite.
Se trata del ranking mundial más utilizado. Evalúa y clasifica a aproximadamente 180 países, basándose en los niveles de corrupción que expertos y líderes empresariales perciben en el sector público.
Todos estos datos deberían inquietar, de una buena vez, a los miembros de la justicia, el poder del Estado que debe tener predisposición para poner punto final al grave problema existente. Lamentablemente, sospechas de connivencia contribuyen a desacreditar la labor investigativa. Por ello mucho se critica que la revelación de un video con una elevadísima cifra en dólares haya reavivado una causa caída en el letargo.
La baja efectividad de la justicia para el esclarecimiento de este tipo de delitos muchas veces deriva en prescripciones de causas, o en falta de elevación a juicio que terminan bajando el impacto público de las mismas y alientan el desaliento entre quienes pretenden vivir en un país de dirigentes probos y transparentes.