Uno de los objetivos principales de la reforma judicial provincial tiende a garantizar una franja horaria más amplia para el desarrollo de las audiencias penales, con la posibilidad de extenderlas al horario vespertino. En la actualidad, las demoras por el exceso de causas que llegan a juicio limitan el acceso a los fallos por los cortos períodos de tiempo vigentes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, y el gobernador Alfredo Cornejo. Archivo
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Prensa Gobierno de Mendoza Avanza en las comisiones de la Legislatura provincial el análisis del proyecto de ley del Gobierno que propone una serie de medidas para intentar agilizar los procesos judiciales penales, como respuesta a la demanda de la sociedad por una justicia más eficiente.
Concretamente, la propuesta busca ampliar la disponibilidad de audiencias, equilibrar las cargas entre jueces, potenciar la actuación de ayudantes fiscales y codefensores y ordenar la agenda en el fuero penal.
Para concretar estas mejoras el proyecto del Poder Ejecutivo promueve, concretamente, la introducción de una serie de reformas en el Código Procesal Penal. Es que resulta imperioso acelerar la resolución de causas y a la vez garantizar que los procesos penales se desarrollen en un tiempo razonable. Sobre este último aspecto puso mucho énfasis el Gobierno al promover su propuesta.
Uno de los objetivos principales de la reforma tiende a garantizar una franja horaria más amplia para el desarrollo de las audiencias penales, con la posibilidad de extenderlas al horario vespertino. Esto resulta muy atinado en virtud de la necesaria agilización que debe garantizar el Poder Judicial en los casos de comisión de delitos . En la actualidad, las demoras por el exceso de causas que llegan a juicio limitan el acceso a los fallos por los cortos períodos de tiempo vigentes.
Además, se pretende potenciar la labor de los ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales. Con ello lo que se busca es que más profesionales del derecho participen en las etapas importantes de cada uno de los juicios. Esto, se estima, operará como elemento multiplicador de la capacidad operativa del sistema judicial.
Como complemento, también se propone en el proyecto mejorar sustancialmente la asignación de turnos y reducir reprogramaciones y postergaciones por casos que se pueden atender o evitar.
Todo lo que conduzca a una mejora en el servicio de justicia es absolutamente válido. La optimización de funcionamiento de ese poder del Estado ha sido una política bastante destacada de las últimas administraciones en nuestra provincia, pero queda en evidencia que la demanda suele superar los niveles de funcionamiento, lo que lleva a que, como en este caso, las autoridades encaren las formas más apropiadas para garantizar la atención del requerimiento social.
Esa exigencia se hace extensiva al plano nacional, en el que muchas veces las falencias trascienden mucho más en virtud de la envergadura de algunos casos a abordar. En reciente visita a nuestra provincia, el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, se interesó favorablemente por el modelo de juicios por jurados que funciona aquí desde el año 2019, lo que pone de manifiesto su rendimiento.
A la vez, en contacto con este diario, el funcionario reconoció el importante número de juzgados vacantes que tiene el ámbito judicial federal en todo el país, incluyendo a Mendoza, asunto que ya había prometido solucionar este año el presidente de la Nación ante el Congreso en su discurso con motivo del inicio del año legislativo.
Por lo tanto, todo lo que contribuya a una mayor eficiencia judicial dentro de los parámetros que impone el sistema debe ser bienvenido.
