La próxima discusión en el Congreso del presupuesto nacional para el año próximo (el primero que tendrá el gobierno de Milei desde que éste asumió) marca un avance muy importante en lo que se refiere al destino de fondos para las provincias y muy especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución de obras públicas.
Con la norma aprobada, la Nación no tendrá tantas facilidades para determinar qué obras continuará ejecutando y cuáles no. En los años anteriores la falta de presupuesto hizo que dicha pauta estuviese supeditada a negociaciones entre las provincias y las autoridades nacionales. Esa situación se dio claramente en el caso de Mendoza. Hubo avances, pero hay que señalar que muchos de los emprendimientos, especialmente en rutas nacionales, serán encarados por la Provincia con fondos propios a recuperar posteriormente por vía de peajes, etc.
Hubo un notorio desprendimiento de la Nación por una cuestión conceptual del Gobierno, que entiende que la participación privada debe suplir a la estatal en este tipo de trabajos. El razonamiento en cuanto a optimización del gasto puede ser atendible, pero debería entenderse que la voz cantante en cuanto a infraestructura que se necesita la debería tener siempre la autoridad nacional.
El empresariado vinculado con la obra pública respalda las reformas que en materia de política macroeconómica encara y piensa efectivizar el gobierno nacional. Pero dicho sector siempre es partidario de la labor directriz del Estado en el tema que nos ocupa. El crecimiento generalmente va de la mano de la obra pública, que es la que marca el camino.
En nuestra provincia, en cambio, el gobierno local ha mantenido los recursos presupuestarios para este tipo de trabajos y así quedó determinado en el proyecto de presupuesto para el año próximo, que cuenta ya con sanción inicial de la Cámara de Diputados. En tal sentido, el gobernador Cornejo destacó el porcentaje de inversión en obra pública previsto, entre 14% Y 15% de la pauta presentada y con financiamiento parcial del Fondo de Infraestructura.
Especialistas recomiendan siempre mantener activa la obra pública independientemente del criterio liberal que impere. Muchos consideran que no es fácil instrumentar en un país un nivel de obra privada que sustituya a aquella. Se trata de recursos económicos no prescindibles, coinciden economistas interesados en el tema.
De todos modos, como justificativo para el actual gobierno nacional debe reconocerse como muy razonable el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado evitando gastos excesivos o inútiles. Porque no puede olvidarse que esa área fue foco de las mayores tramas de corrupción en el Estado durante muchos años por parte de administraciones cuyos responsables siguen atravesando procesos judiciales impactantes, incluso purgando penas por otras de las varias causas que ya fueron juzgadas con antelación.
Por lo tanto, es muy loable el objetivo del gobierno de Javier Milei de optimizar recursos del Estado evitando gastos excesivos o inútiles, incluyendo la obra pública. Pero, superada esa instancia, nada debería impedir la concreción de trabajos a todas luces imprescindibles tanto en Mendoza como en gran parte del país.