La corrupción debe ser atacada con sumo rigor desde su origen en los ámbitos del Estado. Porque la sociedad necesita el ejemplo de la acción judicial. Ver para poder creer en un país más justo en la lucha contra el delito en todos sus niveles. La resignación social no es más que una situación equiparable a vivir con una enfermedad crónica.
Lázaro y Martín Báez en una de las audiencia por la "Ruta del dinero K".
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Infobae Mediante una reforma integral del Código Penal, el gobierno nacional pretende que las penas por delitos originados en la corrupción pública, el lavado de activos y el crimen organizado sean más severas y efectivas. Para ello, el proyecto elaborado, que deberá ser discutido en el Congreso, incorpora un capítulo específico a la legislación vigente en nuestro país desde hace un siglo.
Concretamente, se busca establecer más altas escalas de prisión que las actuales, sanciones que posibiliten, por ejemplo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y multas de mayores montos para quienes merezcan sólo ese nivel de sanción.
Debe recordarse que entre los delitos encuadrados en el concepto de corrupción se incluyen sobornos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, uso de información reservada, entre otros actos ilícitos.
No es ésta la primera iniciativa de un gobierno para aplicar mayores sanciones a este tipo de delitos; pero varios intentos encarados durante gestiones anteriores quedaron postergados por distintos motivos, lo que demuestra, lamentablemente, falta de ímpetu por parte de los poderes del Estado para poner límites a tanto desenfreno.
La iniciativa coloca en un nivel elevado a las autoridades de turno. Este tipo de reforma debe contar, como en este caso, con la iniciativa del Poder Ejecutivo en base a datos provenientes de la Justicia y de asociaciones de profesionales del derecho que aportan en estos casos sus experiencias y puntualizan en las falencias de procedimiento existentes.
Por otra parte, al margen de ocasionales alineamientos políticos, la búsqueda de mayores condenas por corrupción también influye en el relacionamiento de la Argentina con países de más liderazgo e influencia política y económica. En naciones con seriedad institucional se trata de información calificada que trasciende a las administraciones partidarias, porque lo que se prioriza es la mayor transparencia posible para ocasionales inversores, entre otros aspectos que hacen a una relación bilateral.
El tema deriva inevitablemente al control severo de la administración pública. Un informe del área de Naciones Unidas contra el delito concluye indicando que la corrupción sistémica en el sector público erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales, perjudica la integridad de las políticas y distorsiona los resultados del sector público. Además, genera una cultura organizacional de corrupción que se “autoperpetúa”.
La corrupción debe ser atacada con sumo rigor desde su origen en los ámbitos del Estado. Porque la sociedad necesita el ejemplo de la acción judicial. Ver para poder creer en un país más justo en la lucha contra el delito en todos sus niveles. La resignación social no es más que una situación equiparable a vivir con una enfermedad crónica.
Calificados intelectuales coinciden en una apreciación: la corrupción no es un fenómeno que aparezca espontáneamente en los gobiernos o en otras instituciones. Tiene raíces en la sociedad. Es fruto de un deterioro en las cualidades morales del plano social. Una conclusión grave, obviamente, que obliga, con más razón, a tomar los recaudos pertinentes desde el plano oficial, como parece querer demostrarlo el proyecto presentado por el actual gobierno nacional.