El fallo de la Corte Suprema del Brasil condenando a prisión al ex presidente Jair Bolsonaro por desconocer los resultados electorales en los que resultó derrotado, y promover un golpe de estado para permanecer en el poder, muestra que en nuestra región hay voluntad de avanzar en la consolidación del sistema democrático, en estos días cuestionado por los nostálgicos de los fascismos de los treinta del siglo pasado y la confusión que tienen algunos en esta “torre de babel” de las palabras, los significados y los conceptos que se extiende en el mundo.
Entre esos algunos se encuentra el presidente de la Nación que pretende ser el vocero de la libertad, pero mantiene vínculos estrechos y asiste a las reuniones de los nostálgicos del régimen franquista, tan totalitario que incluso envió tropas en la segunda guerra mundial para luchar codo a codo con el bando nazi en el frente ruso.
El fallo de la Corte Suprema del Brasil contrasta con lo sucedido en los Estados Unidos, donde los asaltantes al Capitolio que desconocían la derrota por ocho millones de votos del entonces presidente Trump a la reelección, han sido indultados y el propio Trump ha evitado su condena y califica de patriotas a los que atentaron contra las instituciones de esa república.
En nuestro país los empresarios cómplices de la corrupción de los años kirchneristas, más precisamente los que están sometidos a proceso en la causa “cuadernos”, causa fruto de la investigación del periodista de la Nación Diego Cabot, que muestra como la prensa independiente trabaja para el control del poder e informar a la ciudadanía de cómo se usan los fondos públicos y las tropelías de los funcionarios, pretenden evitar el juicio oral y ser sobreseídos a cambio de 25 millones de dólares como compensación.
Es decir, proponen un nuevo soborno para evitar el juicio y una condena. Más grave es la pretensión de instalar que hay una justicia para el poder, sea el político o el económico y otra para los ciudadanos comunes.
Sin pudor alguno dirigentes políticos y algunos comunicadores cuestionan que se haya condenado por los delitos de corrupción cometidos por el matrimonio Kirchner en el ejercicio del gobierno y reclaman la libertad de la ex presidente de la república.
A su vez los empresarios procesados en la Causa Cuadernos no solo quieren evitar el juicio, pretenden la extinción de la acción penal a cambio de dinero. No se conforman con un juicio abreviado en el que reconocen el delito y pueden acordar una pena.
Los argumentos de los abogados defensores son livianos y escandalosos, se remiten a la duración del juicio por la enorme cantidad de testigos a citar que llevarían las audiencias a centenares.
Con argumentos claros la fiscal Fabiana León se ha opuesto: “En esta fiscalía no se vende impunidad”, afirmó agregando que "si este expediente se transa o negocia el mensaje hacia la sociedad sería letal, porque indicaría que la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos”.
La república liberal tiene como pilares la libertad y la igualdad ante la ley. Este principio la base de una sociedad en la que el poder no sea sinónimo de impunidad como afirmara, poco antes de su suicidio Alfredo Yabrán. La impunidad del poder significa la inexistencia de la república mostrando que hay ciudadanos de primera y de segunda lo que significaría volver a los tiempos anteriores a las revoluciones liberales y entonces tendríamos otra vez la clase del poder y la clase de los súbditos.
No es fácil eliminar la corrupción, no es fácil eliminar las tentaciones del poder y su acrecentamiento. Se trata de la naturaleza humana que en nuestra civilización judeo cristiana viene desde los orígenes con la idea del pecado original y la expulsión del paraíso. Pero sí se puede concluir con la impunidad. Para eso se avanzó en los procesos constitucionales y en la elaboración del armado jurídico que permite la limitación y el control del poder y la sanción de los delitos. Del poder político y de los delitos de todo nivel sea quien fuere el que los cometiere; el más poderoso o el último pordiosero. Sabemos que más daño causan a la sociedad los que cometen los más grandes que los pequeños en el cuerpo social y por eso no deben ser impunes.
La única manera de recuperar la confianza y el prestigio de las instituciones del Estado es que las mismas se atengan a los principios que fundamentaron la construcción institucional argentina que no son otras que el concepto de libertad y de igualdad ante la ley.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
