No puede haber contemplaciones con los funcionarios que medran con la salud pública. El sistema requiere profundas reformas, pues el porcentaje del PBI que se invierte es alto, pero entre mala administración, superposiciones, derroches y corrupción no están los servicios al nivel que se requiere.
Diego Spagnuolo
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Gentileza La cuestión de la salud pública como el tema de la educación no pueden dejar de formar parte de un programa de gobierno. Quienes desde hace tiempo cuestionábamos el estado empresario lo hacíamos en la creencia que de esa manera los recursos que se derrochaban en los déficits de esas actividades propias del sector privado podían ser aplicados a los asuntos que le competen al Estado.
También está relacionado con una manera de promover más condiciones para que los que nacen en hogares de menores ingresos tengan más posibilidades en la lucha por ganarse la vida. La igualdad es una mera ilusión si no mejoramos las condiciones del punto de partida que equilibre la desventaja del nacimiento.
No está de más recordar que ciertas obras como las de salubridad, agua corriente y cloacas, benefician a todos por igual; antes de que ellas se construyeran ciertas enfermedades como el tifus afectaban a todos y los mismo sucedía con la mortalidad infantil, fueran ricos o pobres. También las epidemias hacían estragos antes de las vacunas. Ahora tenemos militantes contra las mismas, incluso funcionarios en el mundo y también los que creen que el Estado no debe hacer nada, que cada uno se arregle por las suyas.
En salud primero hay que evitar que la gente se enferme con infraestructura sanitaria, priorizar la prevención, la vacunación, remedios accesibles y un sistema hospitalario eficiente y seguro.
El problema de la industria de los medicamentos está otra vez vigente con las acusaciones a la hermana del presidente de la Nación de cobrar sobornos a la Droguería Suizo Argentina, distribuidora que multiplicó varias veces sus ventas a distintas dependencias gubernamentales.
A las sospechas de licitaciones digitadas y el pago de sobornos se suma el escándalo criminal del Fentanilo, que ha costado la vida de alrededor de cien pacientes. El responsable tiene vínculos con el gobierno anterior y parece que con el actual porque la actitud de la secretarís de salud ante la cadena de muertes fue por lo menos de indiferencia mientras desarmaba los controles de los medicamentos.
El personaje acusado de envenenar a los pacientes con el fentanilo participó de las importaciones de vacunas rusas durante la pandemia de Covid, asunto al que se agregó el plan de fabricación de astraZeneca mientras se saboteaba la importación de vacunas desde los Estados Unidos. quienes estaban en condiciones de abastecernos con celeridad.
No llama la atención al que esto escribe los problemas con los laboratorios medicinales pues en los finales del gobierno de Carlos Menem tuvo que escuchar junto con un periodista del Washington Post en una mesa de una confitería de la Recoleta enfrente de La Biela, como el entonces diputado Claudio Sebastiani se ufanaba de haber armado con otras personas sobres con sobornos por decenas de millones de dólares para impedir la sanción de la ley de patentes. Sobornos pagados por los laboratorios nacionales con el argumento era que los medicamentos aumentarían de precio si la ley se aprobaba, pero ya eran cuatro veces superiores a los que se pagaban en Brasil.
Además, en ese gobierno de Menem se clausuró el laboratorio que el ejército tenía para autoabastecer sus necesidades como también se presionaba a las provincias -como fue el caso de Buenos Aires- para que no elaboraran medicamentos para sus hospitales, según relató al que esto escribe el entonces ministro de Salud de la provincia, el doctor Mussi.
En ese sentido, la decisión del gobierno de Mendoza de acordar con la India la importación de remedios es correcta dada la importancia de su industria de medicamentos y sus precios competitivos.
Buscando antecedentes en la historia hay que remontarse a la ley Oñativia por el ministro de Salud de Arturo Illia que declaró como bien social los medicamentos, establecía controles de calidad e impedía la cartelización. Esta ley fue derogada a las semanas que fuera derrocado el presidente Illia.
Cuando está en juego la salud de la población se deben arbitrar todas las reformas necesarias para asegurar la mejor atención posible y facilitar el acceso a los medicamentos de los sectores de menores ingresos, en especial los jubilados que por edad son los que más demandan este consumo.
No puede haber contemplaciones con los funcionarios que medran con la salud pública. El sistema requiere profundas reformas, pues el porcentaje del PBI que se invierte es alto, pero entre mala administración, superposiciones, derroches y corrupción no están los servicios al nivel que se requiere, con personal abundante en la burocracia y falta de médicos y paramédicos junto a sueldos ridículamente bajos para los profesionales.
La maraña de intereses entre prestadores, laboratorios, sindicalistas y políticos inescrupulosos debe ser desarmada de una vez, para eso se requiere decisión y ejemplaridad, que parece no tener este gobierno.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.