La tentación de embestir contra el periodismo en nuestro país sumó un nuevo capítulo, aunque inconcluso en este caso.
La Cámara Federal de Casación decidió no avanzar con una propuesta impulsada por el juez Carlos Mahiques para regular el vínculo entre magistrados y periodistas. Además, hubo rápidas críticas por el posible impacto sobre la libertad de prensa.
Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.
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Gentileza La tentación de embestir contra el periodismo en nuestro país sumó un nuevo capítulo, aunque inconcluso en este caso.
La Cámara Federal de Casación decidió no avanzar con una propuesta impulsada por el juez Carlos Mahiques para regular el vínculo entre magistrados y periodistas.
La iniciativa generó bastante sorpresa por tratarse de un magistrado de extensa trayectoria y probada experiencia en el ámbito de la justicia. Además, hubo rápidas críticas por el posible impacto sobre la libertad de prensa.
Mahiques, coincidentemente uno de los integrantes de la Casación y, a la vez, padre del ministro de Justicia de la Nación, se había dirigido al presidente de dicha cámara planteando la “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”.
Además, sugirió “la instalación de una vocería” del tribunal para que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial” y propuso establecer como grave falta “el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”. Incluso llegó a referirse a un “periodismo oportunista y mercenario”.
Tan insólita y repudiable postura condujo al presidente de la Casación a debatir sobre el planteo de uno de sus miembros, determinándose finalmente que se debía desestimar lisa y llanamente el planteo.
Luego se supo que durante dicha reunión el juez Mahiques aclaró que no tuvo la intención de cuestionar la legitimidad de la actividad periodística ni poner en discusión la libertad de expresión, sino promover una discusión interna sobre la forma en que se comunican las resoluciones de la justicia.
Sin embargo, en coincidencia con lo que habían considerado distintos magistrados del mencionado tribunal, debemos señalar que la iniciativa se orientaba hacia un claro avance sobre la libertad de prensa.
Calificar de “promiscuidad informativa” a cambio de “favores” entre magistrados y periodistas demuestra desconocer el legítimo uso de las fuentes periodísticas, que todo profesional de la comunicación debe tener para interpretar su información y contextualizar sus artículos, con más razón en cobertura de hechos producidos en los poderes del Estado.
Probablemente, lo más grave de este incidente haya sido la participación de un juez muy experimentado en un intento de silenciar al periodismo.
Como hemos señalado muchas veces desde este espacio, la Justicia argentina ha atravesado años de presiones políticas e intentos de invasión ideológica que pusieron al límite su capacidad y honorabilidad.
Habiendo sobrevivido a dichas circunstancias, siempre se renueva la esperanza de un fortalecimiento institucional, que mayormente se puede conseguir con el libre ejercicio de la función pública y el respeto a la libertad de informar y opinar que les cabe a los medios independientes.