Lamentablemente, no se puede dejar de sospechar de algún tipo de manejo concreto por parte de las actuales autoridades en lo que se refiere al control de periodistas y economistas, fundamentalmente, porque muchos de esos profesionales son frecuentemente criticados públicamente por el propio presidente de la Nación. Y también porque el área de Inteligencia oficial depende directamente del asesor presidencial principal, Santiago Caputo.
Javier Milei dio detalles sobre el Plan de Inteligencia Nacional.
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TV Pública El espionaje por parte del Estado siempre causó problemas en la Argentina en las últimas décadas. Esta situación se dio, generalmente, por la adopción de actitudes inadecuadas y que van en contra de la seguridad nacional, verdadero propósito de dicha actividad.
El espionaje interno ejercido con responsabilidad y profesionalidad, es decir, dentro del marco de la ley, debe ser llevado a cabo por agencias del Estado con el propósito de obtener información confidencial respondiendo a estrategias necesarias vinculadas con la seguridad nacional. Es algo que, lamentablemente, no ha venido ocurriendo, ya que muchos gobiernos se han valido de “los servicios”, como comúnmente se los conoce a estos organismos de inteligencia, para interesarse por el quehacer de opositores políticos, intelectuales, etc. Es así como en determinadas oportunidades los denominados “carpetazos” sacudían a la opinión pública con datos referidos a determinada persona pública.
En esa línea, recientemente un artículo del diario “La Nación”, de Buenos Aires, reveló que en el Plan de Inteligencia Nacional elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se definiría como “sujetos de interés” para la elaboración de misiones de espionaje nada menos que a periodistas, economistas y académicos por el supuesto hecho de “manipular a la opinión pública” o bien “desinformar”.
Si bien desde el gobierno nacional negaron rotundamente tal versión, hubo reacción por parte de legisladores nacionales, que no sólo reaccionaron ante la difusión periodística del proyecto, sino que admitieron que dicho documento oficial se encuentra en consideración de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia desde el mes de noviembre último. La propuesta fue firmada y enviada al Parlamento por el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). De acuerdo con la información del medio que difundió la novedad no hay dudas de la autenticidad del material obtenido y dado a conocer.
Obviamente, todo gobierno debe elaborar legalmente un Plan Nacional de Inteligencia que es puesto a consideración del Congreso y es por ello que diputados y senadores del oficialismo y aliados han reconocido que, efectivamente, se trata de un asunto en tratamiento en la comisión específica y que siempre debe ser “observado con cuidado”. Claro, con más razón al haber trascendido la supuesta intentona de observación de quienes difunden noticias.
Por otra parte, miradas de especialistas en temas de seguridad interior e inteligencia oficial consideraron que sería peligroso que dicho propósito hacia periodistas e intelectuales figurase en el plan operativo del área de Inteligencia.
Lamentablemente, no se puede dejar de sospechar de algún tipo de manejo concreto por parte de las actuales autoridades en lo que se refiere al control de periodistas y economistas, fundamentalmente, porque muchos de esos profesionales son frecuentemente criticados públicamente por el propio presidente de la Nación. Y también porque el área de Inteligencia oficial depende directamente del asesor presidencial principal, Santiaga Caputo.
Sin dejar de lado la lógica preocupación que en los medios genera la noticia conocida, es de esperar que con equilibrio político y sentido común cualquier distorsión sea corregida por el Congreso.