El destrato al periodismo y a los medios de comunicación en general es una de las malas actitudes que, lamentablemente, aumentan en el actual gobierno nacional.
El cierre de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada es un hecho que va en contra de la libertad de expresión y un mal antecedente en el marco de un quehacer democrático que no termina de acomodarse a un rumbo sensato y de equilibrio a pesar de los años transcurridos.
Periodistas esperan en la entrada de la Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina). La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a 180 empresas periodísticas, expresó su "máxima preocupación" ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de bloquear el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni El destrato al periodismo y a los medios de comunicación en general es una de las malas actitudes que, lamentablemente, aumentan en el actual gobierno nacional.
Los agravios, por lo general a través de las redes sociales, provienen mayormente del presidente de la Nación y no hacen más que potenciar una conducta de confrontación con el periodismo que degrada la necesaria convivencia republicana.
Uno de los hechos recientes se produjo a raíz de una producción periodística en pasillos de la Casa Rosada que el gobierno de Javier Milei consideró inconveniente, supuestamente sin autorización, dando lugar a una denuncia penal por parte de la Casa Militar que deberá resolver la justicia.
Como consecuencia de dicho caso, las autoridades adoptaron la controvertida decisión de suspender la acreditación de los periodistas que, en representación de medios locales y del exterior, cubren diariamente las actividades en la sede gubernamental. Para ello quitaron las huellas dactilares registradas para el acceso.
El gobierno nacional justificó la medida argumentando que se aplicó una decisión de carácter preventivo ante eventuales casos de riesgo en materia de seguridad nacional o espionaje. Esta argumentación resulta difícil de asimilar, puesto que el equipo periodístico que filmaba imágenes del interior de la Casa de Gobierno de la Nación es conocido por todos, tanto por sus periodistas y colaboradores como por el medio al que representaba. A lo sumo pudo haberse omitido un permiso para efectuar tomas, lo que si bien puede resultar criticable es a la vez muy discutible en cuanto a su calificación de delito.
En segundo lugar, suspender la concurrencia de periodistas habitualmente acreditados por sus medios para seguir la información que se genera en la sede del Poder Ejecutivo Nacional también sorprendió ingratamente. Se trata de una decisión inédita desde el regreso de la democracia, a fines de 1983.
Las autoridades podrían haber comunicado por medios habituales su desagrado por la cobertura de la polémica y, si así correspondiese, pedir que en adelante ese tipo de tomas se pueda realizar, como hemos indicado, con la debida autorización. Pero el cierre de la Sala de Periodistas es un hecho que va en contra de la libertad de expresión y un mal antecedente en el marco de un quehacer democrático que no termina de acomodarse a un rumbo sensato y de equilibrio a pesar de los años transcurridos.
El presidente abonó la idea de seguidores suyos que sostienen que no es necesaria una sala de prensa en la sede del gobierno. “De ahora en adelante el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda únicamente a través de su cuenta en X. Eso basta y sobra…”, sentenció. Pretender que el periodismo no repregunte sobre las acciones de gobierno es un gesto de autoritarismo muy inquietante.
