El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, solicitó al Congreso el tratamiento de la llamada “separata” del proyecto de Presupuesto 2024, que incluye la eliminación de gastos tributarios y beneficios impositivos.
Con la habilidad política que lo caracteriza, Massa presentó este tema como una reducción del gasto público que, en realidad, no es tal.
La decisión de mejorar el balance fiscal en casi cinco puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) no se logra por un recorte de las partidas presupuestarias, sino por un aumento de la carga fiscal para personas jurídicas y sociedades.
En algunos casos, podría interpretarse también como un avance sobre los sectores que han sido críticos de las políticas del ministro-candidato.
En esa dirección se incluiría una medida que viene siendo reclamada desde distintos sectores sociales como acto de justicia, como es la decisión de avanzar con el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre magistrados y funcionarios del Poder Judicial federal y de las provincias.
Durante la gestión de Mauricio Macri, se sancionó una norma para el cobro de ese tributo a los magistrados y a los funcionarios que asumieron sus funciones desde 2017 –lo que un reciente dictamen de un tribunal de alzada considera inconstitucional–, y ahora se pretende extender el tributo a todos los miembros del Poder Judicial. Pero curiosamente esta acción es impulsada en momento en que diversos jueces pusieron freno a los atropellos oficiales, además de avanzar en causas de corrupción política que incluyen las que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros integrantes del Gobierno nacional.
También perderían la exención de Ganancias las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas que en muchos casos suplen o complementan las acciones básicas del Estado.
La puesta en marcha de la “separata” para el próximo ejercicio fiscal revela la voracidad de una gestión que no dudó en poner en marcha un “plan platita” para asegurarse el reciente resultado electoral.
Se estima que la administración nacional resignó ingresos por $ 3 billones, con lo cual –si se considera el valor del dólar libre– la campaña partidaria podría ser considerada la más costosa de las democracias occidentales.
Massa nada dijo del incumplimiento de la legislación sancionada por su recomendación, que estableció el congelamiento del empleo en la administración central y en empresas públicas.
La transgresión a esa norma fue notable en los meses preelectorales, por la incorporación de miles de militantes políticos al aparato estatal.
La oposición tiene la obligación de rechazar las nuevas cargas impositivas, que deberían ser consensuadas con las futuras autoridades con base en la equidad y la eficacia tributaria.
