Esta pretendida reforma integral prevé un claro endurecimiento de penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además de atacar con fuerza a la corrupción pública en todas sus manifestaciones.
Bullrich y Adorni presentaron el proyecto para reformar el Código Penal.
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NA El paquete de reformas con las que el oficialismo libertario espera comenzar el nuevo tiempo parlamentario incluye cambios integrales en el Código penal argentino, un anhelo de buena parte de la dirigencia política, partiendo por su principal impulsora, la ex ministra de Seguridad y a partir de ahora senadora nacional Patricia Bullrich, que fue quedando relegado en el tiempo por la lentitud con que el Congreso muchas veces trata temas puntuales.
Esta pretendida reforma integral prevé un claro endurecimiento de penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Y también para los accidentes de tránsito en caso de comprobarse una conducción imprudente por parte de los conductores.
La escala de reformas, por otra parte, traslada el agravamiento de penas ante la comisión de delitos comunes y también cada vez más reiterados, como los cometidos contra la familia, los accidentes de tránsito que ocurren por imprudencia.
Precisamente la promotora de las reformas que discutirá el Congreso prometió en reciente conferencia de prensa que el 82 por ciento de los delitos que sean juzgados van a tener prevista la prisión efectiva para sus responsables, con lo cual Bullrich dio a entender que el Estado será responsable del intento de erradicación del arraigado concepto de la “puerta giratoria” en el ámbito judicial.
En caso de concretarse, se trata de un avance importante, puesto que en la actualidad cuando la pena aplicada a quien delinquió no supera los tres años el responsable prácticamente no cumple con la condena que le fue establecida. Ahora se pretende elevar los mínimos punibles, de modo que los delincuentes no sean liberados con prontitud y, de ese modo, la sociedad pueda tener mayor tranquilidad y seguridad con respecto al accionar judicial.
Y la problemática del narcotráfico también está contemplada en el articulado de la reforma a encarar. La acción contra este flagelo fue una de las prioridades de la actual gestión, en especial en zonas muy afectadas, como Rosario y otros puntos santafesinos. Ahora se calcula que se ampliarán y endurecerán los mecanismos a disposición del Estado para combatir el tráfico de estupefacientes.
Finalmente, entre los aspectos más salientes se debe mencionar la intención de que los delitos de corrupción pública, lamentablemente tan habituales en nuestro país en los últimos tiempos, prevean sanciones de características gravísimas para quienes hayan sido responsables, es decir, los funcionarios.
Y en este aspecto nos basamos una vez más en la mirada de calificados intelectuales, que coinciden en que la corrupción no es un fenómeno que aparezca espontáneamente en los gobiernos o en otras instituciones. Tiene raíces en la sociedad. Es fruto de un deterioro en las cualidades morales del plano social. Motivos que justifican que se tomen los recaudos pertinentes desde el manejo del Estado, como parece querer demostrarlo el proyecto presentado por el actual gobierno nacional.