La necesidad de reprogramar las deudas del Estado

El gobernador de la Provincia anticipó en la semana que le pedirá a la oposición aval legislativo para la operación financiera conocida como “roll over”, consistente en la toma de una nueva deuda para poder pagar obligaciones anteriores de la Provincia.

Dicha posibilidad será planteada en el contenido del proyecto de Presupuesto para 2023 que en su momento envíe el Ejecutivo para análisis legislativo.

Se trata de un mecanismo que insistentemente le fue negado al actual gobierno provincial en la Legislatura por la oposición, encabezada por el justicialismo, que estratégicamente ha cuestionado la toma de deuda por parte del gobierno anterior al de Rodolfo Suárez.

Es por ello que el Ejecutivo provincial encontró, una y otra vez, con el pretendido mecanismo una suerte de frontón.

Lo que pretende en esta oportunidad el gobierno provincial es volver a programar los vencimientos que tendrá Mendoza el año próximo, todo enmarcado en la crisis económica que sufre el país, de muy difícil pronóstico de acuerdo al derrotero que lleva a cabo la administración nacional en estos momentos.

La Provincia tiene en 2023 compromisos cercanos a los 126 millones de dólares, mientras que en cuanto a la deuda en pesos los pagos previstos son por más de 17 mil millones de pesos. Estos números llevan al Gobierno a alertar sobre las dificultades que puede tener la Provincia y por ello recurre una vez más a la pretendida autorización legislativa, que requiere una mayoría especial en ambas cámaras.

Más allá del carácter dramático que la oposición mendocina suele otorgarle, cabe destacar que el mecanismo del “roll over” es una herramienta financiera de uso constante tanto en la administración nacional como en la mayoría de las provincias. Como ejemplo debe indicarse que durante este mes la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, utilizó dicho procedimiento ante un compromiso de la Nación.

De todos modos, el endurecimiento de la relación del oficialismo con el Frente de Todos, cuyos dirigentes consideran que el diálogo político se encuentra cortado, no permite vislumbrar una solución como la que pretende el Ejecutivo provincial pensando en las urgencias e incógnitas del próximo año.

El contexto nacional, del que es gran responsable el gobierno del signo partidario de la que aquí, en Mendoza, es la principal oposición, no permite asegurar planes de acción si antes no son contemplados requerimientos que, como el de la reprogramación de deudas, puede constituir una previsión necesaria ante una inestabilidad económica acentuada, como la que pronostican los economistas más respetados.

El planteo de empresarios que contratan con el Estado provincial para que se aceleren los pagos por sus obras, o directamente se paralicen temporalmente las mismas, es demostrativo del grado de incertidumbre en que se encuentra el país a raíz de la tormentosa situación económica.

Por lo tanto, al margen de la discusión sobre las causas del endeudamiento que posee la Provincia, que es válida y habla muy bien de la responsabilidad de los dirigentes políticos de cualquier signo partidario, ante las actuales circunstancias resultaría conveniente que la oposición contemple la posibilidad de analizar el pedido formulado por el Gobernador.

De lo contrario, ¿cuál sería la solución a proponer ante un panorama tan incierto?