La falta de firmeza del oficialismo y la especulación de gran parte de la oposición renuevan periódicamente la falta de apego de la dirigencia con la Justicia, sus recursos y la necesidad que también tiene de mejorar y acomodarse a los requerimientos de la sociedad.
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El máximo tribunal de Justicia de la Nación vuelve a estar bajo el asedio de la política, fundamentalmente en medio de intereses partidarios. Abundan las versiones de un posible aumento del número de miembros para, en la repartija, “colonizar” de algún modo el máximo tribunal del país un poquito cada uno.
No viene el caso enumerar las ampliaciones de la Corte Suprema sucedidas en estas cuatro décadas de democracia, pero sí recordar que casi todos los presidentes movieron ese número según sus conveniencias políticas.
Aunque sin el consentimiento del Gobierno y, por lo tanto, del oficialismo en el Congreso, gran parte de la oposición promueve no sólo completar el número de cinco miembros que tenía la Corte antes de las renuncias de los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, sino que también se pretende volver a sumar integrantes.
Los consensos que el oficialismo no logró durante más de un año para instalar al muy cuestionado juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, que juró pese al rechazo del Senado y terminó renunciando, podrían conseguirse en esta oportunidad accediendo al juego de intereses partidarios que suelen invadir a la Justicia. Doblemente lamentable para el Ejecutivo.
Han sostenido jueces y estudiosos del derecho que, en líneas generales, la Corte Suprema puede funcionar con sólo tres miembros. Sin embargo, resulta indudable que ese reducido número puede dificultar el abordaje de los muchos temas puestos a consideración como también trabar posibles consensos a la hora de la votación, entre otros aspectos.
Lo cierto es que parte de la oposición encuentra argumentos y justificativos para pretender mayor injerencia a la hora de decidir institucionalmente qué número de miembros debe tener la Corte.
El escenario se llena de conjeturas. En el oficialismo libertario especulan con demorar todo tratamiento hasta fin de año, cuando asuman los senadores nacionales que resulten electos en octubre. Espera el Gobierno ganar bancas y, por lo tanto, tener más cerca la posibilidad de los dos tercios de votos requeridos para aprobar. En cambio, en la oposición están los que creen que apurar los tiempos logrando un acuerdo para ampliar el número de miembros puede ser favorable para unos y otros, ya que se da por descontado que un acuerdo amplio de las partes debería derivar en la nominación y nombramiento de juristas cercanos a esas expresiones políticas no oficialistas.
En definitiva, se percibe un escenario complicado, grave en lo institucional, porque es sabido que el Poder Judicial debe ser el más lejano a los otros dos poderes republicanos, que sí son políticos.
Por último, la falta de firmeza del oficialismo y la especulación de gran parte de la oposición renuevan periódicamente la falta de apego de la dirigencia con la Justicia, sus recursos y la necesidad que también tiene de mejorar y acomodarse a los requerimientos de la sociedad. El elevadísimo número de juzgados vacantes en todo el país, solamente en la Justicia Federal, da cuenta de dicha falencia. El apego a los lineamientos republicanos nunca puede quedar de lado.