En los recientes eventos empresariales realizados con motivo de la Fiesta de la Vendimia, las autoridades de la provincia reiteraron reclamos con respecto al reparto de la coparticipación de impuestos.
Nuestra provincia se considera la segunda más perjudicada por el actual mecanismo de reparto porque el actual sistema de reparto continúa beneficiando a varias provincias que hacen del mecanismo prebendario una estrategia para mantenerse en el poder, retrasando la apertura privada.
Mendoza y la Coparticipación.
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En los recientes eventos empresariales realizados con motivo de la Fiesta de la Vendimia, las autoridades de la provincia reiteraron reclamos con respecto al reparto de la coparticipación de impuestos.
El gobernador, Alfredo Cornejo, se refirió al asunto en sus discursos y también fue tema de conversación en los encuentros privados con autoridades nacionales presentes.
Nuestra provincia se considera la segunda más perjudicada por el actual mecanismo de reparto. El Gobernador sostuvo al respecto que, con una distribución equitativa, Mendoza hubiese estado en condiciones de producir una considerable reducción de sus impuestos y también adujo que el actual sistema castiga a las jurisdicciones que impulsan al sector privado.
La postura del gobernador de Mendoza no debería sorprender a las autoridades nacionales porque se trata de un aliado político y firme defensor de las reformas en marcha. Por otra parte, es real que el actual sistema de reparto continúa beneficiando a varias provincias que hacen del mecanismo prebendario una estrategia para mantenerse en el poder, retrasando la apertura privada. Reciben más de lo que aportan.
Vale reiterar lo ya apuntado desde este espacio en oportunidades anteriores. El debate de una nueva coparticipación es un mandato constitucional incumplido por años. En su artículo 75, inciso 2, la Constitución determina que dicho sistema de reparto debe basarse en una ley convenio aprobada por el Congreso con mayoría absoluta y con acuerdo de todas las provincias.
Y debe añadirse que, en las cláusulas transitorias de la reforma de la Constitución, del año 1994, se estableció que un nuevo régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal “serán establecidos antes de la finalización del año 1996”. Y se agregaba que a partir de dicho paso no podrá modificarse “en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente…”, poniéndole límite al uso mayormente discrecional de fondos que regía y rige. Como se ve, una añosa deuda de la política.
Además, la reforma de la coparticipación federal formó parte de los diez puntos firmados por el presidente Milei y la mayoría de los gobernadores con motivo del Pacto de Mayo “para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”, rezaba aquel texto suscripto en Tucumán.
Se espera que el debate se pueda plantear dentro del ambicioso paquete de proyectos reformistas que impulsa la Presidencia de la Nación para abordaje en el Congreso. No obstante, reconocen en el oficialismo que el acuerdo de todas las provincias que requiere la Constitución puede trabar un eventual debate; varios gobiernos de provincias hoy beneficiadas pertenecen a la principal oposición a nivel nacional.
Alguna vez los legisladores nacionales deberían buscar consensos en asuntos trascendentes, necesarios, evitando que se siga imponiendo la política de barricada.