El avance del juicio por jurados sigue haciendo sobresalir a nuestra provincia en una modalidad que debería regir, incluso, a nivel nacional porque así lo determina la Constitución argentina. Además de Mendoza, este sistema es utilizado entre otras jurisdicciones, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, además de la Capital Federal.
El Estado mendocino avanzó desde hace siete años con este mecanismo de resolución de los juicios, comenzando con los casos de homicidio agravado, para luego incorporar abuso sexual seguido de muerte y homicidio agravado en ocasión de robo y por uso de arma de fuego, entre diferentes delitos.
Uno de los signos distintivos fue el consenso político generalizado para la aplicación, lo que le dio mayor credibilidad y posibilidades de acceso al ciudadano común, que es el que define.
Por ello, el resultado ha sido satisfactorio hasta el momento, ya que, en siete años desde la implementación del sistema, ciudadanos mendocinos han emitido juicio en 62 casos.
Como hemos señalado desde este espacio con anterioridad, el juicio por jurados potencia la base democrática y republicana, que requiere toda participación activa de la ciudadanía en lo referido al control del funcionamiento de los poderes del Estado. Ser jurado es, en gran medida, responsabilizarse por formar parte transitoriamente de una acción de suma relevancia, como, en la temática que nos ocupa, la administración de justicia.
El compromiso de hombres y mujeres en el rol de jurado popular aumenta en gran medida la capacidad del ciudadano para entender los procedimientos de investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos.
En entrevista recientemente concedida a este diario, el fiscal en jefe de Homicidios de la provincia, Fernando Guzzo, enfatizó en el entusiasmo de la gente por participar en el veredicto de los casos, reafirmado que la actuación del jurado le aporta legitimidad a los juicios que se desarrollan. De ahí la labor de capacitación permanente a los ciudadanos interesados que se encuentran a la espera de resultar sorteados.
Hay otro balance importante a tener en cuenta, ya que el ciudadano que participa en un jurado, a pesar de no poseer en la mayoría de los casos formación jurídica alguna, potencia y aplica su sentido común en base a lo que discuten las partes en juicio y al aporte de la Justicia según la pertinente investigación del caso puesto en consideración.
Por lo tanto, esta percepción social debería derivar en una mayor valoración de la labor de jueces y fiscales, si se tiene en cuenta que las encuestas, en general, ubican desde hace tiempo a la Justicia argentina en un lugar de credibilidad bastante relativo.
Siempre es pertinente recordar que la justicia requiere de imparcialidad y capacidad para asegurar la constitucionalidad y los derechos de los ciudadanos.