Estas barras de personas volcadas a la delincuencia hasta son utilizadas como fuerzas de presión en el campo político. El ejemplo más reciente se pudo ver en el apoyo explícito que dieron a la movilización del 12 de marzo, convocada por sectores opositores al gobierno nacional de turno, en apoyo al reclamo de los jubilados por mayores ingresos.
La reiteración de delitos graves cometidos por las denominadas barras bravas del fútbol argentino debe motivar, de una buena vez, a las autoridades en materia de seguridad para poner en práctica la mayor cantidad de mecanismos legales posible para su erradicación.
En general, se trata de organizaciones mafiosas tradicionalmente vinculadas al fútbol pero que han sabido anidar en la política y en el ámbito sindical y casi siempre al amparo del poder. El último caso que tuvo resonancia fue producido recientemente por barras de los dos clubes de fútbol más populares de La Plata, Estudiantes y Gimnasia; protagonizaron un escándalo que puso en riesgo a profesionales y pacientes de un importante hospital.
Estas barras de personas volcadas a la delincuencia hasta son utilizadas como fuerzas de presión en el campo político. El ejemplo más reciente se pudo ver en el apoyo explícito que dieron a la movilización del 12 de marzo, convocada por sectores opositores al gobierno nacional de turno, en apoyo al reclamo de los jubilados por mayores ingresos. Un apoyo que hicieron en nombre de los clubes a los que dicen seguir y alentar, poniendo en obvios aprietos a sus dirigentes y asociados. Nada de lo ocurrido aquel día en las inmediaciones del Congreso ha tenido hasta ahora alguna definición en el plano judicial.
La violencia generada por estos grupos de inadaptados deteriora la imagen de las entidades a las que dicen apoyar, en la mayoría de los casos clubes de fútbol. Y son los culpables de que desde hace ya bastante tiempo la AFA, en acuerdo con los organismos de seguridad de la Nación y las provincias, haya dispuesto que los partidos oficiales se disputen sin la presencia de simpatizantes de los equipos visitantes para evitar desmanes. No obstante, es frecuente que esos hechos igualmente se produzcan con cierta periodicidad cuando estallan diferencias internas entre barras bravas de una misma institución por distintas cuestiones vinculadas con los muchos intereses que continuamente los movilizan.
Lo que no se advierte en forma reiterada es voluntad política para tejer estrategias que permitan poner freno a tan descarada violencia. Como si, además de esa incapacidad política manifiesta, abundaran complicidades desde el poder político y gremial muchas veces en asocio con quienes se visten de dirigentes de fútbol para “lavar” miserias de toda índole.
Sobre cómo eliminar el flagelo hay antecedentes en el mundo. En Inglaterra, los llamados “hoolingans” ganaron notoriedad hace ya varias décadas por los destrozos y hasta muertes que llegaron a producir no sólo en su país, sino, también, en otros lugares a los que concurrían siguiendo a sus equipos. Tan terribles organizaciones, sin embargo, fueron totalmente desbaratadas por las autoridades británicas a través de sus fuerzas de seguridad y con acciones de inteligencia en medio de los grupos de violentos, además de fuertes sanciones a clubes que no colaboraban. Como consecuencia, desde hace ya muchos años los campos de fútbol ingleses no tienen más alambrado olímpico para separar al público de los deportistas.
Estaría en marcha una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación: promover un proyecto de ley para declarar a las barras del fútbol como organizaciones criminales. Debería haber debate y posible aprobación de la iniciativa siempre en los términos constitucionales correspondientes, para que la política demuestre que puede poner punto final a tanta impunidad.