La justicia federal penal acaba de confirmar, en su instancia de Casación, la condena de tres años de cárcel, condicional, impuesta contra Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior en tiempos de gobierno del kirchnerismo. El ex funcionario fue hallado principal responsable de la manipulación y adulteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa trama delictiva fue llevada a cabo entre los años 2006 y 2007. Moreno también recibe como castigo la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años.
La ratificación del fallo del tribunal oral que condenó a Moreno en su momento pone definitivamente las cosas en su lugar luego de un descomunal atropello a la credibilidad en las instituciones, ya que aquella nefasta alteración de los índices del costo de vida no sólo afectaba a nivel interno; hubo demandas interpuestas por fondos de cobertura entre 2007 y 2015, que por culpa de la grosera manipulación del gobierno argentino generaron pérdidas importantes a inversores del exterior.
Vale recordar algunos aspectos de tan repudiable acción de la política argentina reciente. Según el organismo oficial de entonces, la inflación del año 2007 fue de 8,7%, mientras que las mediciones alternativas privadas indicaban que el índice correcto era entre 16 y 18% para ese año.
Aquel “apagón estadístico” tenía sustento en el insólito pensamiento de los principales referentes de los gobiernos kirchneristas, como el del por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires, que sostenía públicamente que medir la pobreza entre la población, que es otra de las funciones del Indec, significaba “estigmatizarla”.
Como señalamos en un párrafo anterior, dicha situación anómala condujo a la muy recordada participación esclarecedora de las consultoras privadas, que con el apoyo de la oposición política de entonces consensuaron todos los meses lo que se conoció como el índice inflacionario del Congreso de la Nación, con el que se reflejaba el real deterioro de la economía y del poder adquisitivo de la gente. Esta valiente postura de legisladores de la oposición y consultores serios y responsables permitía que los argentinos tuvieran conocimiento del desmanejo estadístico que reinaba.
Años después, ya con la presidencia de Mauricio Macri, el Indec recuperó credibilidad al confiarse su conducción a personas con experiencia y honestidad profesional y política. Ese avance dejó una impronta de recuperación y confianza que el posterior gobierno kirchnerista de Alberto Fernández respetó sin ningún reparo, pese a los números adversos que, en forma creciente, fueron marcando las estadísticas mensuales para reflejar la desacertada política económica de dicha gestión, que terminó con índices inflacionarios y de pobreza en el país muy elevados y lamentables.
Hay una sana continuidad también por parte del actual gobierno nacional, con lo cual se puede asegurar que la normalización del organismo de las estadísticas lleva ya una década.
Es importante, por lo tanto, que en lo sucesivo toda reforma que busque implementarse en lo referido a la operatividad del Indec mantenga siempre a resguardo la calidad operacional e informativa del organismo, que debe mantenerse alejado de ocasionales presiones partidarias.
