Porque el país los necesita para su desarrollo y crecimiento, el Ministerio de Economía de la Nación debería analizar nuevamente la situación de organismos nacionales de probada eficacia a lo largo de los años, como son los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Vitivinicultura (INV) y de Semillas (Inase).
Amerita un análisis en profundidad de las situaciones de estas reparticiones, que necesitan contar con el apoyo que les permita continuar apoyando e impulsando las economías regionales.
Son instituciones que han recibido en los últimos tiempos muchas malas noticias, que van desde la posible restructuración de funciones, o la asimilación a otros organismos y lo que es más grave, la amenaza de despedidos de empleados e investigadores que se desempeñan en esas entidades, circunstancia que ha causado angustia y depresión en muchos hogares argentinos.
Al revisar lo qué significan estas instituciones para la economía de la provincia y el país, advertimos que las decisiones sobre su funcionamiento y futuro deberían ser exhaustivamente analizadas.
El INTA es un organismo dedicado a la investigación, desarrollo, innovación y extensión de tecnologías para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Cuántas familias de pequeños y medianas parcelas del campo se han visto favorecidas por los aportes de los hombres y mujeres que trabajan en el organismo fundado en 1956.
Lo mismo cabe expresar del INV, con la función de controlar a la industria vitivinícola y promover la elaboración de productos genuinos y aptos para el consumo de las personas.
Otro tanto cabe definir con respecto al Inase, que es más moderno, ya ta que dade 1991, con el objetivo promover la producción y comercialización de semillas, asegurar al productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquiere y proteger la propiedad de las creaciones togenéticas, que son el resultado de la aplicación de la ciencia.
Los anuncios del Gobierno nacional de despedidos de personal en estas reparticiones sembraron zozobra en las respectivas plantas de agentes estatales, situación que se extendió con su carga negativa a los hogares de los potenciales afectados.
Es muy difícil e insalubre trabajar con esas presiones cotidianas, de saber que en cualquier momento la persona pasa del pleno empleo a la posibilidad del despido o un traslado que pueden tener las mismas consecuencias.
Afortunadamente, en las últimas semanas y debido al accionar de la justicia y la gestión de los sindicatos de incumbencia, el Estado dio marcha atrás con las reubicaciones, traslados, cesantías y pases a disponibilidad.
La consideración de lo qué pasará finalmente con estos organismos se ha trasladado hacia adelante en el tiempo y dependerá de las negociaciones y decisiones que se tomen en la justicia y en el Congreso nacional.
Nadie debe oponerse a los controles de eficiencia que se pueden realizar sobre el accionar de estas reparticiones, e inclusive nadie se opondría a alejar de las nóminas a quienes se compruebe que son empleados “ñoquis”, pero lo que debería impulsarse es la importancia que tienen estos organismos, que se han venido desempeñado con probada eficiencia y convirtiéndose en palanca de desarrollo de la realidad agroindustrial del país.