Los asentamientos o barrios populares involucran alrededor del 10% de los habitantes y están presentes en las ciudades de todas las regiones de la Argentina, así como sucede en el resto de América Latina.
Los asentamientos siguen siendo uno de los graves problemas de la realidad actual porque allí residen, de manera muy denigrante, cientos de familias. En Mendoza conforma una grave situación social que debe ser atendida de manera urgente y lograr erradicar estos sitios sin servicios y privaciones para sus ocupantes.
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Los asentamientos o barrios populares involucran alrededor del 10% de los habitantes y están presentes en las ciudades de todas las regiones de la Argentina, así como sucede en el resto de América Latina.
La situación de los asentamientos, el modo oprobioso en que viven muchas familias argentinas, sigue siendo uno de los graves problemas de la realidad actual, donde se conjugan la falta de oportunidades y la pobreza de vastos sectores de la población.
El tema fue tratado en el reciente IV Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos Populares, realizado en Ushuaia, Tierra de Fuego.
En Mendoza los barrios populares que están registrados en el Registro Nacional de Barrio Populares (Renabap) alcanzarían a 360. Ese valor representa 13,56% más que en 2022, cuando oficialmente había 317 dispersos por el territorio provincial.
Los asentamientos alcanzan esa categoría cuando están integrados por ocho o más familias, de las cuales la mitad no tiene título de propiedad del suelo, y más de la mitad de los habitantes del lugar no poseen acceso regular a dos o más servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal.
En las deliberaciones de Tierra del Fuego se analizó el complicado tema.
Los barrios populares son parte de la ciudad, aunque a veces no se los quiere reconocer y son producto de la imposibilidad de muchas familias de acceder por compra a un lote en el mercado o no ser incluidos en los planes de vivienda, que en la actualidad no proliferan.
Los asentamientos son la última opción de las personas porque implican muchas penurias y riesgos, pero son la posibilidad de apostar a futuro a un lugar fijo y donde proyectar una vivienda y un barrio. Hoy día, la mayoría de las familias que acceden a nuevos barrios lo hacen pagando, en algunos lugares de forma extorsiva.
Son lugares estigmatizados porque en muchos casos concentran la pobreza y la pobreza está estigmatizada, pero son, en gran medida, trabajadores que sufren las consecuencias de la estigmatización: problemas para acceder a trabajos, discriminación en escuelas, centros de salud y oficinas estatales. En algunos casos las organizaciones barriales logran crear redes de solidaridad y de demanda al Estado para acceder a los servicios. Las personas reiteran continuamente que no quieren que les regalen nada sino poder pagar los servicios y la propiedad.
La antropóloga e investigadora del hábitat, María Cristina Cravino hizo el siguiente análisis para nuestro diario. “La dinámica actual del mercado inmobiliario hace que no sea posible acceder a un lote para una vivienda, no solo para los trabajadores sino también para las clases medias profesionales. Esto debería alertar a los gobiernos a pensar alternativas porque se vislumbra un futuro de grandes conflictividades en relación a la vivienda y en particular en un contexto donde el precio del alquiler no está acorde a los ingresos de buena parte de la población”.
Los gobiernos provinciales y locales tienen que hacer frente a la retirada del Estado nacional de los programas de infraestructura de tratamiento de agua y cloaca, extensión de redes de servicio y otros equipamientos indispensables para el hábitat digno. Urge eliminar de la realidad mendocina estas barriadas, donde viven con extremas limitaciones muchos mendocinos y mendocinas.