Un primer mandatario no puede ni debe ejercer, a la par de lo que marca su investidura constitucional, ninguna tarea de corte particular. Por lo tanto, aparece como desatinado por parte del presidente Milei justificarse señalando que en la red social se expresó como economista, en relación al escándalo cripto.
Javier Milei se reunió con Elon Musk en Estados Unidos.
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El gobierno nacional se encuentra involucrado en un escándalo que bien pudo evitar. Recientemente la Justicia comenzó a investigar las denuncias presentadas a raíz del denominado “cripto-gate”, surgido a partir de la insólita decisión presidencial de promover por redes sociales una cripto moneda ($Libra) que entusiasmó primero y luego sumió en el drama, en muy poco tiempo, a miles de personas. Se encumbró y abruptamente se derrumbó.
¿Estafa? ¿Tráfico de influencias? ¿Simple imprudencia? Probablemente fiscales y jueces tengan la palabra al respecto al cabo de la investigación del caso. Mientras ello se resuelve, de lo que no cabe ninguna duda es del incómodo momento institucional en el que quedó inmersa la Argentina luego de semejante acción. Además, el presidente poco aportó al tendido de puentes para conducir políticamente el tema, al decidir embestir, una vez más, contra dirigentes de la oposición que expresaron públicamente inquietud por lo sucedido.
Al margen de las motivaciones del caso y de lo que se pueda resolver judicialmente, es pertinente efectuar algunas reflexiones, compartidas desde esta posición editorial con el punto de vista de respetados juristas y analistas del quehacer político.
En primer lugar, no corresponde que el presidente de un país se dedique a avalar negocios privados. Javier Milei dijo en su descargo que no promocionó, sino que difundió. Ni una actitud ni la otra debe mostrar. En el caso de la República Argentina sí cabe entre las funciones presidenciales la promoción de las inversiones, lógicamente privadas, que puedan ser beneficiosas para el país. Esto lo lleva a cabo un gobernante a través de su orientación política y por medio de sus resoluciones.
Luego, la defensa que intentó el presidente a través de una entrevista televisiva también tuvo un efecto lamentable. El mega asesor Santiago Caputo se introdujo en el escándalo al interrumpir el reportaje en el que Milei ensayaba su estrategia desde el punto de vista político, ya que la oposición, incluso la llamada “dialoguista”, había comenzado a reclamar investigación y hasta juicio político.
Haber permitido la intromisión del asesor presidencial por excelencia para cambiar el rumbo de la entrevista no sólo dejó mal colocado al primer mandatario: fue ofensivo para la labor periodística; no debió haberse permitido que ocurriera, porque la modificación de la respuesta del presidente condicionó totalmente la tarea del periodista.
Un primer mandatario no puede ni debe ejercer, a la par de lo que marca su investidura constitucional, ninguna tarea de corte particular. Por lo tanto, aparece como desatinado por parte del presidente Milei justificarse señalando que en la red social se expresó como economista. Su rol como especialista en temas económicos sólo es compatible con la función pública que ejerce por mandato popular, no como un pasatiempo para momentos libres o de descanso en sus funciones.
En lo que respecta al rumbo del país, tan inoportuno suceso complicó aún más el ya sinuoso camino por el que debe transitar el reducido oficialismo en busca de leyes y acciones que lo consoliden. Lo ocurrido en estos días en el Senado de la Nación es demostrativo de ello.
Tener en cuenta el valor de cada acción presidencial es fundamental para la asegurar credibilidad en el rumbo elegido. De una buena vez, la Argentina necesita que se cumpla con ese requisito.