Recientemente, el gobierno de nuestra provincia aportó datos interesantes sobre la disminución de robos, en especial en lo que se refiere a la comercialización ilegal de elementos que son sustraídos y vendidos posteriormente.
Este mejor manejo oficial de las acciones tendientes a neutralizar el robo organizado es un aspecto meritorio a destacar, ya que detrás de dichas organizaciones delictivas siempre se amparan quienes cometen delitos menores.
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Recientemente, el gobierno de nuestra provincia aportó datos interesantes sobre la disminución de robos, en especial en lo que se refiere a la comercialización ilegal de elementos que son sustraídos y vendidos posteriormente.
La cobertura legal para que las autoridades puedan actuar en el tema la otorga la ley provincial 9.447, puesta en vigencia con el inicio del actual gobierno, que una vez implementada permite actuar en la prevención del robo de cobre y otros metales ferrosos, que habitualmente son luego comercializados de manera ilegal.
Un informe dado a conocer por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y desarrollado en un artículo de este diario en fecha reciente, da cuenta del accionar policial, amparado por la mencionada legislación, para permitir que en poco tiempo se pueda advertir una sensible baja en la comisión de los mencionados delitos.
Lo que más afectaba a la población en general era el robo de cables, de medidores de agua y de gas y de luminarias de la vía pública. En los casos de los medidores domiciliarios la sustracción genera un tremendo inconveniente a quienes ocupan el domicilio afectado por la interrupción sorpresiva de los servicios.
Las autoridades destacan la importante baja en la cantidad de delitos registrados en el año y medio transcurrido desde la puesta en vigencia de la legislación que permite actuar contra los tradicionales vándalos de las calles y rutas de la provincia. Y así como la Policía cuenta con un área especialmente dedicada al recupero del cobre robado, también se anunció la puesta en funciones de una sección especial para intentar trabajar en el robo de bienes.
Sobresalen en la nueva legislación mecanismos que les permiten a los fiscales actuantes determinar si lo sustraído correspondía a privados o a empresas que cumplen con los servicios públicos. Por otra parte, se han establecido penas de hasta tres años de prisión y multas muy elevadas que deberán enfrentar quienes sean detenidos y procesados por la acción delictiva que ha salido a encarar la provincia. Y si se comprueba el propósito de lucro en el delito cometido las sanciones pueden llegar a duplicarse.
El abordaje dispuesto por el Gobierno es meritorio, ya que la inseguridad venía constituyendo una preocupación para la mayoría de los mendocinos durante años, a pesar de que los registros locales en nada se asemejan a los de otros núcleos urbanos desbordados por este flagelo.
En línea con lo expuesto, vale recordar que una reciente encuesta local, también publicada por Los Andes, demostró que el tema de la seguridad pasó al segundo escalón dentro de las preocupaciones de los mendocinos; lidera ahora la disminución del poder adquisitivo.
De todos modos, este mejor manejo oficial de las acciones tendientes a neutralizar el robo organizado es un aspecto meritorio a destacar, ya que detrás de dichas organizaciones delictivas siempre se amparan quienes cometen delitos menores.
Todo esfuerzo oficial debe ser ponderado, ya que la seguridad pública es una de las prioridades que el Estado tiene que garantizar.
