Los integrantes de la Corte Suprema no sólo descartaron cuestionamientos incorporados al expediente de Cristina Fernández de Kirchner, sino que avalaron completamente lo actuado en las instancias del proceso, con lo cual sostuvieron con firmeza la labor independiente de los jueces y fiscales que intervinieron en el mismo. Un rotundo aval.
Los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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La ratificación de la condena de seis años de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al avalar lo dispuesto en instancias previas en el caso de la obra pública, también conocido como Vialidad, consolida el funcionamiento de las instituciones de la república.
Nadie puede dudar de que se trata de un fallo histórico de la máxima instancia de justicia de la Argentina. Aun con el mínimo número de miembros posible para desempeñar su labor, la Corte asumió con valentía la decisión final de un gravísimo caso delictivo que fue explotado políticamente hasta los máximos límites posibles.
Se repara en la valentía de los jueces supremos por las presiones y amenazas que imperaron. En el kirchnerismo aducen que la democracia está en peligro en el país por la condena a su líder. Falso argumento. Actuar sobre la conducta pública de los funcionarios debería ser una constante. Por otra parte, ¿cuánto más hubiese estado en peligro nuestro sistema democrático si esta trama no hubiese tenido el proceso que tuvo en diez años de investigación y la definición dada en esta oportunidad?
Tampoco se puede hablar de persecución y proscripción política, como también argumentan en las filas partidarias seguidoras de la ex presidenta. En este caso, como en varios más que se siguen ventilando en la Justicia con relación a la titular del Partido Justicialista, lo que se determinó tuvo que ver con un meticuloso método para hacer fortuna a costa de los recursos del Estado y, por ende, de la sociedad argentina. Por lo tanto, nadie puede candidatearse para ejercer la representación popular cuando se comprueba, como en este caso, que se valió del poder dado por la ciudadanía para engrosar sus bienes.
Al quedar firme la condena a seis años de prisión se avaló plenamente el fallo en dos instancias que probó un perjuicio de 84 mil millones de pesos en contra del Estado, con la trama orquestada por los Kirchner con la obra pública desde que asumieron la conducción del país.
Los integrantes de la Corte Suprema, además, no sólo descartaron cuestionamientos incorporados al expediente, sino que avalaron completamente lo actuado en las instancias del proceso, con lo cual sostuvieron con firmeza la labor independiente de los jueces y fiscales que intervinieron en el mismo. Un rotundo aval.
Por último, es de esperar que esta resolución de un caso de corrupción tan importante sirva para reconocer la labor del periodismo en el país. Su trabajo de investigación permitió transparentar éste y otros casos de corrupción en las últimas décadas que la oposición denunciante, en minoría en ese momento, por sí sola no lograba colocar en la instancia judicial correspondiente.
Los periodistas y los medios, vapuleados por el kirchnerismo y otros sectores de turno en el ejercicio del poder, demostraron con la investigaciones encaradas y dadas a difusión su compromiso con la verdad y el bien común. Luego fue la Justicia la que investigó y determinó responsabilidades, como debe ocurrir siempre si está vigente la república.