Se puede llegar a reconocer que se desempeñen jueces con mayor o menor formación, de acuerdo a la eficiencia que caracterice a la Justicia de uno u otro país con respecto a juicios y fallos condenatorios de políticos en general y especialmente de ex jefes de Estado, pero la política no debe interferir en las decisiones judiciales.
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Se profundizan en nuestra región opiniones muy comprometidas con respecto a juicios y fallos condenatorios de políticos en general y especialmente de ex jefes de Estado. Se trata de embestidas provenientes de uno y otro lado del abanico ideológico, que inevitablemente tienden a desacreditar la labor de un poder, como la Justicia, que debe ser equidistante de los poderes políticos en todo sistema republicano.
Recientemente, el ex presidente Alvaro Uribe, de Colombia, fue declarado culpable por fraude procesal y soborno, según el fallo emitido por la Justicia de ese país. Rápidamente obtuvo respaldo político internacional: tanto el argentino Mauricio Macri, como la peruana Keiko Fujimori y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresaron su desagrado y sorpresa por el fallo contra Uribe y dieron púbicamente expresiones de solidaridad con él.
Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, enfrenta una causa penal por la presunta planificación de un golpe de Estado durante su mandato al frente del Poder Ejecutivo, entre 2019 y 2023, que, además, tuvo una especie de detonación con los violentos sucesos que se dieron con motivo de la asunción de su sucesor, Lula Da Silva.
Estados Unidos impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes, de la máxima instancia de justicia federal de Brasil, acusándolo de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión, ya que se trata del magistrado que supervisa la causa contra Bolsonaro. Esta actitud del gobierno de Donald Trump hace suponer que las elevadas tasas arancelarias impuestas por EEUU a Brasil para la entrada de sus productos responden a una suerte de castigo de la Casa Blanca hacia el gobierno de centroizquierda de Lula Da Silva.
Y del otro lado del arco ideológico predominante en nuestra región las reacciones son similares. En Argentina en todo momento el kirchnerismo, en línea con su líder y condenada, argumentó que el juicio que llevó a la cárcel, domiciliaria, pero cárcel al fin, a Cristina Fernández de Kirchner fue una operación montada por los sectores políticos de la derecha en asocio con intereses empresarios y mediáticos. Lo mismo seguramente sacarán a relucir cuando la ex presidenta deba enfrentar otros juicios por corrupción que la esperan.
Recuérdese, además, que Lula Da Silva debió enfrentar años de prisión para luego volver a la política y competir exitosamente por la Presidencia de su país. En aquel momento, también los sectores ideológicos afines al brasileño acusaron intereses sectoriales como responsables de la condena que debió enfrentar.
Y otros casos van y vienen en disputas judiciales en las que siempre interfieren las cuestiones ideológicas. El ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales son dos ejemplos bastante recientes.
Se puede llegar a reconocer que se desempeñen jueces con mayor o menor formación, de acuerdo a la eficiencia que caracterice a la Justicia de uno u otro país. Pero llegar al extremo de una interferencia de carácter internacional por cuestiones meramente ideológicas, como parece instalarse en esta región del mundo, es algo que puede vulnerar el respeto institucional de las naciones
