deSin jueces independientes la Constitución queda en letra muerta; sin prensa libre, nadie se entera de los atropellos. En tal sentido es preocupante el parecido cada vez mayor entre la diarquía de hermanos que hoy manda en el país y la diarquía matrimonial que asoló el país hace pocos años, por la falta de respeto -en ambos casos- a las instituciones de la democracia liberal.
“Ningún pueblo de la tierra ha gozado de la libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia” aseveraba Joaquín V González. Esta frase del autor del Manual de la Constitución define con claridad el rol de la justicia, poder del estado que debe ser independiente para que controle al poder y cumpla su rol de garante de los derechos y libertades de la población.
Hay otra definición del estadista más notable que dio la Rioja al país que se refiere a la libertad de prensa que la incluye dentro de las “libertades civiles” básicas, al mismo nivel que la seguridad personal y la defensa de los derechos individuales explicando la doctrina de la constitución: “Garantiza la libertad de prensa, tan apreciable al hombre, como esencial para la conservación de la libertad civil”. En su esquema la justicia es el pilar institucional que aplica la Constitución y la prensa es la garantía social que vigila que esto ocurra. Sin jueces independientes la Constitución queda en letra muerta; sin prensa libre, nadie se entera de estos atropellos.
Hoy tenemos el problema que muchos dirigentes políticos, legisladores, ministros, incluso el presidente de la Nación, desconocen la Constitución y lo que es más grave aún, también la desconocen integrantes del poder judicial. Sabemos qué en muchas provincias, como Formosa, la Rioja o Santiago del Estero los jueces que integran al superior tribunal de sus provincias son simples empleados del gobernador. Pero también esta situación de deterioro institucional se da en los tribunales federales como lo hemos observado estos días con la pretensión del doctor Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal d Casación Penal, contra la libertad de prensa y las restricciones al acceso a la información que pretende imponer. Padre del ministro de Justicia, obtuvo la prórroga por cinco años en su cargo, evitando la jubilación a los 75 años. Prórroga que el gobierno no solicitó para el Doctor Martín Irurzum, magistrado que fue clave para investigar y condenar la corrupción de los gobiernos kirchneristas.
Carlos Mahiques (festejante de su cumpleaños en la quinta cuya propiedad se le atribuye a Carlos Toviggino, aunque otras versiones indican que es de un ex gobernador) manifestó sentirse desprotegido ante los periodistas y solicitó avanzar contra el secreto sobre las fuentes de información, garantizadas por la Constitución y sucesivos fallos de la Corte Suprema, porque la libertad de prensa está al servicio de los ciudadanos y de su derecho a informarse y no de los gobernantes. Ha invocado la Omertá, el código de silencio de la mafia siciliana.
La independencia de la justicia y la libertad de prensa están estrechamente vinculadas. Cuando desde los gobiernos se la ataca no lo es por los defectos de los periodistas o los medios, sino por las virtudes, como lo es estar al servicio de la información veraz y no ocultar escándalos, sean las trapisondas de los K con la obra pública o el escándalo de las cripto monedas, la fundación Faro y los cinco mil millones cuyo origen no pueden explicar o que un infeliz, que por azar llego a altas posiciones, no pueda explicar cómo ganando menos de dos mil dólares mensuales en dos años paso de no tener nada a acumular varias propiedades.
Es preocupante el parecido cada vez mayor entre la diarquía de hermanos y la diarquía matrimonial que asoló el país hace pocos años en su falta de respeto a la institucionalidad, a las instituciones de la democracia liberal.
Las actitudes de la senadora Patricia Bulrich en el asunto de la declaración jurada, que tanto tiempo le lleva a Adorni confeccionar, como en el conflicto suscitado por el capricho de los hermanos gobernantes de sancionar por parentesco a una candidata a un tribunal federal en La Plata, han resultado una brisa de aire fresco frente a tantos personajes que hasta ayer parecían defensores de la democracia liberal y ahora muestran indiferencia y complicidad cuando se repiten actitudes del pasado.
En efecto, esto de sancionar por portación de apellido viene de los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner tanto para cubrir cargos judiciales como ascensos en las fuerzas armadas
En vez de esas venganzas que muestran a los hermanos Mile en una concepción patrimonialista del poder cercana a los antiguos absolutismos, el presidente debería facilitar todas las informaciones que permitan el esclarecimiento acelerado del caso Libra y del Caso Andis ya que, según trascendidos, faltan elementos técnicos que requieren fondos para avanzar en las investigaciones.
Con relación a los cargos judiciales aprobados, se ha cubierto un 20 % de las vacantes heredadas, es positivo que se avance, pero también hay que decir que sería necesario acelerar la puesta en marcha de las reformas propuestas por dos jueces de la Corte Suprema para reducir la discrecionalidad como también facilitar la incorporación de abogados de prestigio académico y profesional, evitando que la carrera judicial sea como una carrera administrativa y que a la postre conduzca a la consolidación de una casta judicial.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.