Desde lo institucional, una gran deuda que dejaron los poderes políticos del Estado en 2025 fue la reconformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es de esperar que el apego a la institucionalidad se fortalezca aún más en el nuevo año y que los dos poderes políticos de la República sepan consensuar una adecuada conformación de la Corte Suprema de Justicia, con nominaciones por parte del Poder Ejecutivo que no den paso al bochornoso final que tuvieron las anteriores.
Jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) Horacio Rosatti (Presidente) y Ricardo Lorenzetti
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Desde lo institucional, una gran deuda que dejaron los poderes políticos del Estado en 2025 fue la reconformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como se sabe, desde hace tiempo el máximo tribunal de justicia del país funciona con sólo tres miembros. Nunca se pudo lograr consensos para cubrir las vacantes que dejaron las renuncias de los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Y no fue porque faltara tiempo.
El actual gobierno, vale destacarlo una vez más, fracasó estrepitosamente en su intención de imponer las candidaturas de los doctores Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Ambos tuvieron contundentes votaciones de rechazo, pero el doctor García Mansilla llegó a jurar y ocupó el cargo durante 40 días a partir de un DNU presidencial que lo designó temporalmente en comisión, pero que luego también fue rechazado por el Senado.
Todo fue producto de desafortunadas situaciones. El mayor clima adverso político recayó sobre el doctor Lijo, que llegó a su postulación con fuertes cuestionamientos por su desempeño como juez federal. Aunque la nominación del catedrático García-Mansilla también tuvo fuertes objeciones de asociaciones de profesionales del derecho.
Por lo tanto, es muy importante que la agenda legislativa del nuevo tiempo de sesiones ordinarias contemple la recomposición de la Corte en un marco de mayor coherencia. Cuenta a partir de ahora el oficialismo con un número de representantes en el Senado que le permite consensuar con mayor tranquilidad con los sectores de la oposición, sabiendo, por otra parte, que cuenta con la predisposición al acuerdo de parte de senadores que representan a provincias bastante alineadas con las políticas libertarias en general.
Por otro lado, la nueva conformación senatorial, con un histórico equilibrio de fuerzas al haber cedido el justicialismo por primera vez en más de 40 años la mayoría en el cuerpo debería contribuir a un más sencillo ámbito de diálogo que derive en razonables acuerdos en temas sensibles en lo institucional.
En una reciente entrevista televisiva, el presidente del máximo tribunal nacional, Horacio Rosatti, sostuvo que, según su apreciación, el número indicado de miembros que debería tener la Corte es justamente cinco, por constituir un número histórico de componentes y porque de esa forma puede haber una correcta amplitud de criterios, sin conducir a una demora excesiva en las resoluciones cuando surjan dudas o divergencias sobre un determinado tema.
Es de esperar, por lo tanto, que el apego a la institucionalidad se fortalezca aún más en el nuevo año y que los dos poderes políticos de la República sepan consensuar una adecuada conformación de la Corte Suprema de Justicia, con nominaciones por parte del Poder Ejecutivo que no den paso al bochornoso final que tuvieron las anteriores.
