La situación penal del ex presidente AlbertoFernández por la denominada "causa de los seguros", se suma a otras tantas irregularidades que se ventilan en la Justicia y que estuvieron relacionadas con dirigentes y funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
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Los escándalos por hechos de corrupción siguen abundando en la política de nuestro país. A la reciente ratificación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en un inmueble de su propiedad, se suma la situación procesal de otro encumbrado dirigente del peronismo, Alberto Fernández.
Como se sabe, el ex presidente de la Nación, que compartió fórmula, justamente, con Cristina de Kirchner, se encuentra ya procesado por la denominada “causa de los seguros”, que se radicó en la Justicia Federal Penal debido al pago de millonarias comisiones en contratos de seguros de Anses.
Fernández comenzó a ser citado a indagatoria por encontrarse vinculado con una maniobra delictiva basada en contratos suscriptos con Nación Seguros SA. Dicha operatoria dio paso a la participación de brokers de seguros intermedios, quienes cobraron comisiones por más de 3.300 millones de pesos.
Uno de los aspectos más graves, según consta en la causa, es que el 68% de dichos pagos habrían sido destinados a un grupo empresario vinculado a un amigo personal del ex presidente, Héctor Martínez Sosa, quien además es esposo de quien fuera secretaria privada de Fernández cuando éste estuvo en la Presidencia.
Todo se orquestó y realizó, aproximadamente, entre diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción presidencial de Alberto Fernández, y diciembre de 2023, cuando éste dejó las funciones al frente del Estado. Enorme gravedad: cuatro años completos en los que hubo un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos a través del direccionamiento irregular en la contratación e intermediación en seguros. Por ello no debe sorprender que 40 personas hayan sido indagadas luego de haber sido imputadas en la causa.
La situación penal de Fernández se suma a otras tantas irregularidades que se ventilan en la Justicia y que estuvieron relacionadas con dirigentes y funcionarios de los gobiernos kirchneristas, además de los conocidos casos de dirigentes de organizaciones sociales, comúnmente conocidas como piqueteras, que intermediaban con la gente pobre los recursos que recibían del Estado para asistencia social a costa de réditos millonarios que también en muchos casos se están analizando en el plano judicial.
En el tema que nos ocupa llama poderosamente la atención que un político que llegó al poder como exponente de un estilo moderado y de consenso haya hecho añicos esos antecedentes durante su gestión, demostrando que poco o nada lo diferenciaba, en realidad, del andar inadecuado de otros representantes de su mismo espacio partidario. Todo comenzó con aquella fiesta realizada en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus impuesta por el presidente Fernández, para la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.
Por lo tanto, una justicia federal penal que actúa sin presiones permite a los argentinos comprobar hechos de corrupción mediante mecanismos de saqueo a los recursos públicos debidamente organizados durante mucho tiempo.
Una realidad que obliga, también, a quienes hoy ejercen el poder y a quienes lo hagan en adelante a tener en cuenta que cuando las instituciones funcionan la corruptela, como la mentira, tiene patas cortas.