Las demoras injustificadas o la pasividad para hacer frente a situaciones que inevitablemente deben ser tramitadas dentro de la administración pública, conducen a un desbalance en el rendimiento de los recursos, con sumas que bien podrían ser asignadas a destinos a los que el Estado muchas veces no puede llegar por meras cuestiones presupuestarias. Por eso bienvenidas estas leyes que sancionan tales reprochables conductas.
Habrá sanciones a los empleados públicos que demoran los trámites.
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Resulta satisfactorio que desde los poderes del Estado se ejerza un control sobre el funcionamiento de las distintas reparticiones. Se trata de algo que la dirigencia política, a cargo de la administración pública, debería asegurar como premisa, pero que no siempre tiene la atención o el interés correspondientes.
Esta introducción surge como consecuencia del debate y aprobación reciente, en la Legislatura de Mendoza, de dos proyectos de ley dirigidos a controlar con más esmero la labor de los funcionarios públicos y proceder a la aplicación de multas cuando por hechos de negligencia se vean perjudicados los recursos del Estado y, por añadidura, el bolsillo de todos los mendocinos.
Se trata de dos iniciativas presentadas por un legislador de la oposición provincial que tuvieron el suficiente debate previo a su aprobación, que estuvo a cargo de una amplia mayoría de ambas cámaras, lo que demostró un saludable marco de consenso.
Las iniciativas aprobadas modifican artículos del Código Procesal Administrativo (ley 3.918) y del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (ley 9.001). Según la fundamentación dada por el autor de las nuevas leyes, el diputado Armando Magistretti, desde ahora se tenderá a terminar con la negligencia de los funcionarios del Estado en actos que forman parte del ejercicio de sus labores y competencias, de modo que los actos incorrectos que sean detectados no queden impunes, como suele suceder. Como señaló el legislador al fundamentar sus propuestas: identificar responsables y reducir el margen de impunidad en el Estado.
Llamativamente, las medidas aprobadas apuntan a una situación bastante enquistada en la administración pública, que no ha distinguido color político alguno. Es decir, se trata de la reiteración de actos durante años que se podrían encuadrar en una suerte de desidia. Hechos que quedan fuera del control de las autoridades y que permanentemente erosionan los recursos públicos.
En el artículo de Los Andes que hizo referencia al avance de estas leyes se tuvieron en cuenta datos de la Fiscalía de Estado que resultan esclarecedores y revelan el nivel de desapego al que muchas veces llegan quienes ejercen en la función pública.
Según este organismo, a cargo, justamente, de la defensa del fisco, el año pasado la Provincia debió pagar un 75 por ciento de intereses al hacer frente a la cancelación de sentencias judiciales, siempre como producto de las demoras administrativas en el ámbito del Ejecutivo en los casos en que se debe responder a demandas. Y lo más sorprendente, es que, también según la Fiscalía de Estado, hubo un crecimiento de 188% en lo abonado por parte de la Provincia con respecto a un año antes.
Queda en evidencia, por lo tanto, que las demoras injustificadas o la pasividad para hacer frente a situaciones que inevitablemente deben ser tramitadas conduce a un desbalance en el rendimiento de los recursos, con sumas que bien podrían ser asignadas a destinos a los que el Estado muchas veces no puede llegar por meras cuestiones presupuestarias.
Es que un Estado eficiente también se sustenta en la óptima utilización de sus recursos.