El viernes pasado, el Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de Aysa, la empresa encargada de proveer agua potable y servicios de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Milei reafirma su intención de que el Estado se deshaga de las empresas públicas, incluso de aquellas que no fueron incluidas en la Ley Bases.
Tras el anuncio de Aysa, el Gobierno de Milei planea privatizar otras tres empresas estatales
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El viernes pasado, el Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de Aysa, la empresa encargada de proveer agua potable y servicios de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Con esta medida, avanza en la implementación del segundo capítulo de la Ley Bases, aprobada hace un año, que contemplaba la posible privatización de ocho empresas estatales. De ese total, aún quedan tres compañías sobre las cuales no se han dado precisiones oficiales.
Durante los últimos doce meses, se abrieron procesos para desprenderse de cinco de las seis empresas sujetas a privatización total, según lo previsto en la ley: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina (Enarsa) y ahora Aysa.
La única que todavía no ha sido anunciada formalmente es la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), conocida como Trenes Argentinos, que opera los servicios de trenes de pasajeros en todo el país, tanto de corta como de larga distancia.
Debido al estado actual del sistema ferroviario, su traspaso al sector privado resulta más complejo. De hecho, el sector está bajo emergencia y el Estado ha priorizado inversiones en la infraestructura de los trenes suburbanos para asegurar su funcionamiento básico.
Además, hay otras dos empresas bajo la lupa del Ejecutivo: Nucleoeléctrica Argentina (NASA), operadora de las tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En estos casos, la Ley Bases permite únicamente una privatización parcial, lo que implica que el Estado debe mantener una participación mayoritaria. El Gobierno analiza abrir parte del capital al mercado, aunque eso implicaría una serie de reformas estatutarias y varios pasos administrativos antes de concretar la venta de acciones.
La privatización es una de las banderas centrales del presidente Javier Milei, quien también la considera un mecanismo para generar ingresos en dólares que refuercen las reservas del Banco Central. Al asumir, Milei propuso que el Congreso autorizara la privatización de más de 40 empresas, pero tras las negociaciones, la versión final de la Ley Bases incluyó solo ocho, de las cuales dos tienen limitaciones para ser totalmente privatizadas.
A pesar de estas restricciones, el presidente ha reiterado en varias ocasiones su convicción de que las empresas públicas deben pasar a manos privadas. Así lo manifestó recientemente al ser consultado sobre los resultados positivos de Aerolíneas Argentinas, sugiriendo que aún podría impulsarse la privatización de otras compañías no incluidas en la ley.
Por ahora, no se esperan grandes avances en este frente antes de las elecciones, tanto en el caso de las firmas incluidas en la Ley Bases como en aquellas cuyos contratos de concesión han vencido, como ocurre con algunas rutas y represas hidroeléctricas.
Se estima que hacia mediados de noviembre el Gobierno presentará una hoja de ruta sobre privatizaciones y concesiones, bajo la coordinación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta planificación forma parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).