El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional ante la Justicia. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Lo confirmó Manuel Adorni tras la determinación del juzgado de San Martín, que hizo lugar a una cautelar del gremio Sevina.
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El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional ante la Justicia. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.
“El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, publicó Adorni en su cuenta de X.
La medida fue dispuesta por una jueza de San Martín que “suspendió por seis meses los efectos del decreto que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad”, tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio Sevina.
La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, Martina Forns, hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar, y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de "ejecutar cualquier acto administrativo, que derive" del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado.
Además, la jueza ordenó que el gobierno de Javier Milei no podrá disponer "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
El plan del Gobierno para el área de Vialidad contempla la cesantía de más de 5.100 empleados públicos, quienes pasarán a disponibilidad. Durante este período, conservarán su salario por el plazo de un año mientras esperan ser reubicados.
Además, podrán acceder a programas de capacitación para desempeñar nuevas funciones o participar en servicios tercerizados por el Estado. Aquellos que no sean relocalizados recibirán una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, o por fracciones mayores a tres meses.
