El Sistema de Garantías Recíprocas, que facilita el acceso al crédito, quedó en medio de la discusión por la precaria situación de jubilados y discapacitados.
La Ley aprobada por el Congreso Nacional para el incremento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad ya fue vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, para que la derogación publicada en el Boletín Oficial se sostenga, el Gobierno debe reunir un tercio del apoyo en cada cámara.
En medio del debate por el salario de los jubilados y la precaria situación de las personas con discapacidad, se metió una problemática extra. Es que si no se logra el veto, hay un artículo que podría perjudicar más la posibilidad de acceso al financiamiento de las empresas en general y de las pymes en particular. Se trata de uno que elimina las exenciones impositivas a las empresas que aportan a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) que sostienen buena parte del financiamiento privado.
Las SGR son sistemas que facilitan el acceso al crédito porque aportan los avales que muchas firmas, en especial las chicas, no poseen. Hay que tener en cuentan que los bancos solicitan garantías inmobiliarias o de otro tipo que las pymes o no poseen o no tienen declaradas por la innegable informalidad existente. Situación que se agrava en situaciones de crisis. De este modo, las SGR le dan un sustento a las pymes para mejorar el acceso al crédito.
Por otra parte, una vez tramitado dicho aval, las empresas pueden utilizarlo en distintas entidades o líneas de financiamiento si fuera necesario. Por ejemplo, si colocan un inmueble como garantía en un banco, no es posible hacerlo en otro. En cambio las SGR no tienen esa limitación; situación que no modifica la dificultad actual para acceder al crédito que de por sí ya poseen las pymes argentina.
Según se denunció desde la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), el artículo 10 del “Proyecto de jubilaciones y pensiones” propone la derogación del Sistema de SGR bajo el argumento de su presunto costo fiscal. “Esta medida omite considerar el rendimiento netamente superavitario del sistema y su alto impacto en términos de acceso al crédito, inclusión financiera y dinamización del tejido productivo nacional”, expresó la entidad a través de un documento.
En línea, Francisco Herrera, presidente de Cuyo Aval, detalló que la Ley aprobada buscó fuentes para financiar el incremento de las jubilaciones. Así, a la quita de fondos para la SIDE y que los directores de sociedades anónimas paguen IVA, se suma la quita de los beneficios al sistema de garantías. Para Herrera ha habido un error de concepto con este tema ya que las SGR no implican un gasto para el Estado sino una posibilidad de crecimiento para las pymes y, por tanto, para la economía en blanco en general.
Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea le puso números a las restricciones que las empresas de menor envergadura enfrentan para acceder a un crédito en Argentina. Y detalló que pese a que el crédito al sector privado viene en alza, alcanza apenas 7% del PIB, cuando en países vecinos el porcentaje es 10 o 15 veces mayor como son los casos de Brasil y Chile, respectivamente.
El informe enumeró los frenos más comunes que poseen las pymes para conseguir crédito al tiempo que agregó que en Argentina una de las estrategias para morigerar estas dificultades son las SGR debido a que facilitan el acceso a los préstamos tanto en el mercado de capitales como en el sistema bancario. Entre las principales ventajas del sistema se destaca que las firmas avaladas tienden a obtener financiamiento 25% más barato y que las que están bajo estos avales tienden a ser mayores generadoras de empleo que las que no participan de esta actividad.
Más allá de que el contexto actual no favorece el crédito debido a las altas tasas en danza (en torno al 40% con una inflación anual estimada en 20%) y la baja del consumo, dar de baja a las SGR sería un golpe más a las ya alicaídas pymes. Según el Ieral, en mayo de 2025, el monto otorgado en avales por el sistema de SGR alcanzó los US$ 2.500 millones. “Debido a que las SGR tienen la obligación de asistir principalmente a empresas de pequeña envergadura 9 de cada 10 avales otorgados corresponden a micro y pequeñas empresas”, puntualizó el trabajo del Ieral.
En este sentido, Francisco Herrera de Cuyo Aval expresó que en un relevamiento con tres de los bancos más grandes detectaron que el 35% de los avales de los créditos otorgados a pymes se sustentan en las SGR. Agregó que quitar los beneficios impositivos a las aportantes al Sistema implicaría su disolución casi de manera instantánea y que sería ingenuo creer que no será así. Agregó que si eso sucede también se corre riesgo de que haya declaraciones de inconstitucionalidad que puede habilitar a litigar y, por tanto, a incrementar los gastos del Estado.
De este modo, según expresó el informe del Ieral, la supuesta quita de la exención de los aportes de capital en el impuesto a las ganancias incrementaría el costo del crédito asociado. Esto debido a que se debilitarían los flujos de ingresos de este sistema que durante muchos años ha demostrado ser efectivo para facilitar el financimiento entre las Mipymes. “Las SGR poseen un gasto tributario asociado (una resignación de recaudación) pero cumplen el rol de mitigar una deficiencia habitual que afrontan las pymes al requerir financiamiento”, precisaron desde la Fundación Mediterránea.
Herrera subrayó que son una herramienta de movilidad empresarial y social, que no cuesta nada al fisco y que es un error confundirla con un gasto, es un error grave. Desde CASFOG lo resumieron de la siguiente manera: “Las SGR gestionan el crédito pyme y no son un gasto para el Estado. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), el costo fiscal anual del sistema de SGR representa apenas el 0,027%del PBI argentino. Si consideramos las externalidades del sistema, este número se potencia a favor del fisco y multiplica su recaudación”.