El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una rebaja del 20% en las tarifas, suspendió temporalmente el Decreto 690/2026 y puso fin al paro que afectaba a los puertos del país.
El Gobierno acordó con los prácticos, suspendió el decreto y se levantó el paro en los puertos.
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El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje, lo que permitió levantar el paro que mantenía paralizada la asistencia a la navegación en las principales vías navegables del país. El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión temporal del Decreto 690/2026 y la conformación de una mesa técnica para revisar la normativa.
Con la firma del acta entre las partes, los prácticos retomaron de inmediato la prestación de sus servicios, lo que permitirá normalizar gradualmente la operatoria en los puertos argentinos.
Según informaron fuentes oficiales a Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo resolvió dejar en suspenso la aplicación del decreto que había desregulado el régimen vigente para la actividad desde 1991 y que desencadenó el conflicto con el sector.
Además de la suspensión de la medida, el acuerdo prevé la creación de una mesa de trabajo conjunta para analizar los aspectos normativos y operativos del sistema de practicaje, uno de los principales reclamos planteados por los profesionales y también por sectores vinculados a la actividad agroexportadora.
El nuevo ámbito de negociación será coordinado por el Gobierno nacional y contará con representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos competentes.
El objetivo será revisar los puntos centrales incluidos en el decreto de desregulación para intentar alcanzar un consenso definitivo sobre el funcionamiento del servicio de practicaje. Mientras continúen esas conversaciones, los prácticos mantendrán la prestación habitual de sus tareas en los puertos y vías navegables del país.
Desde el sector calificaron el acuerdo como un "alivio", luego de varios días de paralización de la actividad. El conflicto generaba preocupación especialmente en la cadena agroexportadora, ya que el cese de actividades representaba pérdidas estimadas en más de 4,5 millones de dólares diarios para el sector.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma establecía una profunda reforma del sistema de practicaje. Entre otros puntos, habilitaba a capitanes extranjeros con experiencia a navegar sin contratar prácticos en determinados casos, ampliaba el tamaño de los buques alcanzados por la obligatoriedad del servicio, eliminaba los cupos para la inscripción de nuevos prácticos y facultaba a la Prefectura Naval Argentina para prestar el servicio.
También eliminaba la segmentación geográfica que obligaba al recambio de prácticos durante un mismo recorrido, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.
Al presentar la iniciativa, Sturzenegger había sostenido que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".
